Soraya Sáenz de Santamaría en una reunión con empresarios en la sede de Foment, justo antes de las elecciones del 21D. Mensaje contundente y polémico: el 155 ha servido para reactivar la administración de la Generalitat, que estaba paralizada. Escándalo. El soberanismo carga contra el Gobierno porque ha paralizado inversiones y ayudas en todos los ámbitos por el 155. ¿Y qué ha pasado? En las últimas semanas han proliferado los casos: altos cargos del Govern de la Generalitat boicotean al Estado con el 155, paralizando, precisamente, decisiones ya acordadas por el Gobierno, que benefician a empresas catalanas.

Ha ocurrido de nuevo. Lo que apuntaba la vicepresidenta del Gobierno, aunque el PP ni lo explicó con claridad ni tuvo la capacidad para vender con un discurso en positivo esas cuestiones y lo pagó electoralmente el 21D, lo ha comprobado una empresa catalana que tiene claro que debe apostar por la innovación.

Esa empresa, según las fuentes consultadas en la administración catalana, solicitó unas ayudas para la innovación a Acció, la agencia para la competitividad de la empresa, que depende del departamento de Empresa i Coneixement. El responsable, el consejero delegado de Acció, Joan Romero, dejó claro a los directivos empresariales que todo estaba parado por culpa del 155, por culpa del Gobierno español. El departamento de Empresa se quedó sin consejero, cuyo titular era Santi Vila, que dimitió poco antes de la declaración de independencia en el Parlament.

Parar proyectos por motivos políticos

Pero los empresarios, como ha ocurrido en distintos ámbitos en las últimas semanas, se interesaron por los verdaderos responsables con la intención de agilizar las ayudas, y entrevistarse con quien fuera necesario. Ante la respuesta de Romero, éstos aseguraron que no tenían ningún inconveniente en contactar con el propio Ejecutivo español.

Las ayudas a la innovación se gestionan, por parte del Gobierno central, a través de la secretaría de estado de I+D+i, que depende del Ministerio de Economía. Pero todo lo relacionado ahora con la Generalitat de Cataluña está centralizado a través de la secretaria de Estado para las Administraciones Públicas, cuyo responsable es Roberto Bérmudez de Castro.

La empresa obtuvo, tras ese contacto, todas las garantías para recibir las ayudas a la innovación, con la idea de que fuera directamente Acció la responsable de la gestión. Pero aquí aparece de nuevo la figura de Joan Romero, que, según las fuentes consultadas, mantiene paralizados esos recursos para ayudar a la mejora de la competitividad de la compañía.

La vigencia de 155

El propio Romero admitió que se estaba desmontando el argumento político del soberanismo, según el cual el 155 es la causa de la parálisis de la administración catalana. La propaganda, repetida por los dirigentes independentistas, es que el 155 ha sido la causa de todos los males, y que es preciso derrotarlo cuanto antes, pese a que, tras los compromisos adquiridos por el Gobierno, el 155 decaerá en el momento en el que se elija en el Parlament a un nuevo presidente de la Generalitat.

El Gobierno central no ha querido, según fuentes del Ejecutivo, entorpecer nada de lo que se pida a la Generalitat, y, menos, las ayudas a la innovación empresarial. Ha ocurrido lo mismo en otros ámbitos, como las ayudas al transporte escolar, que se han anticipado cuando, bajo el Gobierno de la Generalitat, solían recibirse entre los meses de febrero y marzo del año siguiente. En esa ocasión se pagó a finales de noviembre, algo que resulta importante para muchas familias en pueblos y ciudades medianas.

La sorpresa de Soraya

Sin embargo, el discurso soberanista va en la dirección contraria, sin que el Gobierno central sepa explicar nada de lo que está llevando a cabo.

Sáenz de Santamaría, en la misma reunión con empresarios en Foment, se mostró escandalizada por recibir órdenes y decretos que podían asumir directores generales y altos cargos de la propia administración. Y es que descubrió que se había paralizado la burocracia interna, porque los propios funcionarios lo quisieron delegar todo en los consejeros, temerosos de seguir hacia el precipicio por el proceso soberanista. En las últimas semanas eso ha cambiado, y el equipo de Bérmudez de Castro se ha encontrado con la voluntad de los altos cargos de agilizar el trabajo. Salvo los casos que se empeñan en defender el discurso oficial del soberanismo, como lo ocurrido en Acció con su consejero delegado, Joan Romero.

La cuestión ahora es saber en qué momento se dejará de aplicar el 155. Y eso sólo depende de la capacidad de los partidos independentistas de acordar un nuevo Gobierno de la Generalitat, y aterrizar a la realidad para gestionar cuestiones tan necesarias --aunque resulten prosaicas-- como las ayudas a la innovación.