La Fiscalía insiste en llevarse el caso 3% (presunta financiación irregular de CDC a través de la otorgación ilegal de contratos públicos) a Madrid.
Anticorrupción pide que el juez de El Vendrell que desde hace dos años investiga esta trama de presunta corrupción se inhiba a favor de la Audiencia Nacional.
Salvo la tramitación de alguna pieza residual, el grueso de la macroinvestigación del llamado caso del 3% esta muy avanzada.
Pruebas lapidarias
La pieza principal acredita, según los informes del ministerio público, el listado de empresas que se habrían beneficiado de contratos de la Generalitat mientras estaba gobernada por Convergència. Según la acusación es el momento de que la Audiencia Nacional tome las riendas del caso.
Esa pieza principal se desgranó en una sub pieza que fue a parar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Se trata de la investigación sobre el entonces aforado, exdiputado y conseller Germà Gordó.
Esa pieza puede retornar a la jurisdicción ordinaria toda vez que Gordó ha perdido su condición de aforado.
Roca de nuevo
La Fiscalía insiste en imputar a Miquel Roca, cuyo despacho de abogados fue beneficiario de un contrato emitido por el Departamento de Economía anterior al inmediato pago de una comisión por parte de Roca a la fundación convergente Catdem.
A pesar de que tiene la petición sobre la mesa desde hace meses, el juez de El Vendrell aún no ha llamado a declarar al abogado de la Infanta y uno de los padres de la Constitución.
Quer, el próximo
Por otro lado, Anticorrupción tiene en el punto de mira a quien fuera presidente de GISA (empresa pública que gestionaba las grandes obras e infraestructuras de la Generalitat) Joan Lluís Quer. Este antiguo alto cargo, jefe durante años del imputado Josep Antoni Rosell, se encuentra en el extranjero por motivos laborales. La Fiscalía ya ha solicitado que tan pronto ponga los pies en España, sea requerido por el juez o, en su caso, detenido.