El Tribunal de Cuentas pide acabar con las subvenciones en seguridad para los partidos políticos

El Tribunal de Cuentas ha propuesto acabar con las subvenciones que cada año se dan a los partidos políticos para financiar sus gastos de seguridad. Hasta ahora, la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda aconsejaba reducir estas ayudas, pero en sus informes anuales de 2014 y 2015, ha pedido que se revise "la conveniencia de mantenerlas".

Estas ayudas son subvenciones finalistas y todos los partidos deben justificar su gasto realizado aportando la documentación requerida, aunque en los últimos años el Tribunal de Cuentas señala que nunca han llegado las facturas, ni los presupuestos y ha pedido a los partidos a devolver dichas subvenciones. 

ETA ya no existe

Un argumento que sostiene firmemente la institución es que las ayudas se crearon para compensar a las formaciones políticas por las inversiones que debían afrontar frente a la amenaza terrorista de ETA. Tras el anuncio del cese de la organización terrorista en 2011, el Estado ha continuado abonando estas subvenciones a los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de los Diputados. 

Por esta vía, el PP ha recibido en 2017 cerca de un millón de euros, el PSOE casi 635.000 euros, Podemos más de 350.000 euros y Ciudadanos otros 325.000 euros. Ante la sospecha de la ausencia de inversión en ese aspecto, el Tribunal ha detectado que en 2015 había "remanentes pendientes de aplicación al cierre de los ejercicios fiscalizados", es decir, que no se habían realizado esas inversiones que justifican la subvención. Por ello, se lo comunicará al Ministerio del Interior para que exija el reintegro de las ayudas públicas.

Ante esta situación, en sus recomendaciones apuesta directamente por acabar con estas subvenciones tal y como se concibieron: "Sería oportuno que, en el actual contexto social y político, se revisara la conveniencia material y económica de mantener en las condiciones actuales las subvenciones estatales para sufragar los gastos de seguridad de los partidos", concluye el Tribunal.