El PP propondrá a la Comisión Mixta del Congreso y el Senado que el Tribunal de Cuentas controle la actividad que la Generalitat ha emprendido desde 2011 para internacionalizar el proceso independentista. Busca el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas de las Cámaras para encargar al organismo un informe de fiscalización sobre los recursos que se han asignado a las llamadas embajadas catalanas y el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat).

Este último organismo ya no está en marcha, ya que el Gobierno lo liquidó la semana pasada bajo el amparo del artículo 155.

70.700 millones del FLA

La iniciativa se debatirá en el encuentro de la Comisión del próximo miércoles, tras las fiestas navideñas. Pero ya ha avanzado un primer documento en el que recoge sus intenciones y recuerda la ayuda que ha recibido Cataluña para superar su problemas de financiación.

Apunta que la comunidad ha sido la más ayudada a través de los distintos mecanismos de financiación puestos en marcha por el Estado para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales. Concretamente, 70.709,9 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el 30,62% del total.

Alta actividad exterior

Destaca también que según el propio Tribunal de Cuentas, Cataluña copaba la mitad de delegaciones, sedes y oficinas de representación de las autonomías en el exterior entre 2001 y 2004. El coste total de esa actividad ascendió a los 79,06 millones.

Y prosiguió con esta actividad a pesar de que Exteriores impulsó en 2012, en plena crisis, la suscripción de protocoles generales de colaboración para que las delegaciones autonómicas se integrasen en las delegaciones diplomáticas españolas. Una medida que buscaba evitar la duplicidad de costes.

70 oficinas en todo el mundo

El PP indica que en los últimos años, especialmente en el ejercicio en curso, ha detectado un incremento destacado en la acción exterior de la Generalitat. Se buscaba la internacionalización de la “causa secesionista” y se llegó a contar con unas 70 oficinas repartidas por todo el mundo. Muchas de las cuales fueron cerradas en el primer mes de la entrada en vigor del 155.

Defiende de que resulta “más que justificado” que si el Gobierno catalán recibe apoyo financiero del Estado para prestar servicios básicos y “ante la situación de escasez de recursos” que aún persiste, el Tribuna de Cuentas controle si estos fondos se han utilizado “conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia".