Siguen igual. No ha pasado nada. Después de un largo silencio, el colectivo Wilson se pronuncia a las puertas del 21D para cargar contra las fuerzas políticas que “aprueban” el 155, y mantiene el negacionismo sobre los efectos del proceso soberanista en la economía catalana. Todo ha respondido, según el colectivo que reúne a economistas soberanistas como Jordi Galí o Xavier Sala Martín, “a las presiones políticas del Gobierno”, lo que habría llevado a las empresas a trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña.

Nombres como Pol Antràs, doctor por el MIT y catedrático de Harvard University; Carles Boix, doctor por Harvard y catedrático de la universidad de Princeton; Jordi Galí, doctor por el MIT e investigador en el Centro de Investigación en Economía Internacional; Gerard Padró, doctor por el MIT y catedrático de la London School of Economics, Xavier Sala Martín, doctor por Harvard y catedrático de Columbia University, y Jaume Ventura, doctor por Harvard e investigador en el Centro de Investigación en Economía Internacional, insisten en que el Gobierno español es el gran culpable por no haber autorizado un referéndum de autodeterminación.

Negar el derecho de autodeterminación

A juicio de este grupo de economistas, que lanzaron en los últimos años un mensaje de modernización que encontró un gran eco entre la población más joven y afín al independentismo, el Gobierno del PP inició “un proceso de recentralización y de reafirmación de la autoridad del Estado español, con consecuencias graves”. Entre ellas, “niega el derecho de autodeterminación de Cataluña”; “certifica la incapacidad del Estado de reformarse para ayudar a construir una sociedad moderna”; “ha evidenciado la falta de separación de poderes entre el ejecutivo y el judicial”, y “muestra aún más claramente al Estado como un corsé para el desarrollo de Cataluña”.

La idea del colectivo Wilson ahora es la misma que la que mostraron al inicio del proceso soberanista: la independencia es posible, y la viabilidad de una Cataluña independiente estaría asegurada, gracias a que el “déficit fiscal” dejaría de existir y los costes serían mínimos si “se acordara con el Gobierno español”. Pero esa posición no es realista. Sólo se señala, en un escrito ante el 21D, que “en un contexto de confrontación con el Estado los costes serían más grandes”. 

Las presiones del Gobierno

Se admite, eso sí, que “como gran proyecto empresarial, la creación de un nuevo Estado requiere incurrir en unos costes iniciales, de magnitud incierta y en buena medida fuera del control de sus promotores, a cambio de unos beneficios, también inciertos y que tal vez no se materializarán hasta un plazo más o menos largo”.

Lo que ocurrió tras el referéndum del 1-O, con la salida de empresas, se interpreta de forma muy diferente. En realidad, para el colectivo de economistas, ese cambio de sedes sociales se alentó por parte del Gobierno. “El hecho de que durante los meses de octubre y noviembre algunas empresas trasladaran sus sedes sociales o que el turismo cayera en Cataluña, por ejemplo, no es una demostración de la inviabilidad de la independencia ni una muestra de la magnitud de los costes de transición. Responde a las presiones políticas realizadas por el Gobierno de Madrid y la caída del turismo puede tener más relación con la violencia policial del 1 de octubre que con la viabilidad de la independencia”.

Es más, estos economistas soberanistas añaden que ese traslado de empresas y la caída del turismo “serían ejemplos de los costes de formar parte de un Estado que es capaz de causar daño a sus propios ciudadanos cuando no se hace lo que la elite española quiere”.

Los que aprueban el 155

Las recetas del colectivo Wilson son claras. A pocas horas de la apertura de los colegios electorales la recomendación es que se vote a las opciones independentistas, y no a aquellas que han “aprobado” la aplicación del 155. “Animamos a la participación considerando qué partidos han ofrecido su apoyo claro a la represión y a la conculcación de derechos individuales y colectivos fundamentales. El voto para estas formaciones será interpretado como un voto de aprobación de la aplicación del 155 y de las acciones de los poderes políticos españoles, incluido el poder judicial”.

Es decir, concluyen, “un voto para estas formaciones daría apoyo a la vía judicial y autoritaria como solución para un contencioso que tiene naturaleza política”.

¿Autocrítica? Ninguna. El colectivo Wilson sigue adelante, pase lo que pase con la realidad.