Ha llegado el día. Las elecciones que convocó Mariano Rajoy con la utilización del artículo 155 de la Constitución, hecho que ha avalado el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat al entender que, si servía para convocar los comicios, era la fórmula “menos invasiva”. Y los 5,5 millones de catalanes que podrán votar este jueves tienen a su alcance dos alternativas, con una posible consecuencia.

La primera es que las fuerzas independentistas logren, aunque sea por la mínima, la mayoría absoluta, los 68 diputados de los 135 del Parlament. Y con ello podrán dar continuidad, con todos los giros que consideren necesarios, al llamado proceso soberanista, aunque bajo la sombra de que se aplique, de nuevo, el 155. La segunda, muy complicada, es que el socialista Miquel Iceta, a partir de un buen resultado del PSC –23-26 diputados— pueda ser investido con el apoyo de Inés Arrimadas, la candidata de Ciudadanos; del PP, y con la abstención del partido de Ada Colau, los comunes.

Esas son las opciones, porque otras que pudieran lograr un gobierno de la Generalitat más sólido resultan en estos momentos irrealizables. Se trata de la fórmula que desearía Xavier Domènech, el candidato de Catalunya en Comú-Podem: un tripartito de izquierdas con Esquerra Republicana y el PSC. Son los socialistas los que no podrían aceptar ese acuerdo, sin que ERC renunciara de forma explícita y contundente a su hoja de ruta independentista.

El Gobierno con el 155 bajo el brazo

La consecuencia de que ninguna de esas alternativas fuera posible será la repetición de las elecciones, algo que, aparentemente, nadie quiere, y que podría ser muy perjudicial para la economía catalana por el clima de inestabilidad que podría ofrecer. Sin embargo, el Gobierno mantendría la aplicación del 155, que ha generado, a pesar de las denuncias de los partidos soberanistas, un clima de cierta tranquilidad social y económica en el conjunto de la sociedad catalana, facilitando, incluso, operaciones burocráticas que estaban bloqueadas.

Los catalanes llegan a estas elecciones después de sufrir una situación de gran tensión emocional en los últimos meses. La división existente puede dificultar la formación de un gobierno, con grandes complicaciones, incluso, para la elección del presidente de la Mesa del Parlament. Pero los dirigentes consultados no se atreven a ningún vaticinio hasta contar el último voto en una noche que será larga, y que puede deparar, según los expertos consultados, “muchas sorpresas, porque la decisión se puede tomar en el último instante, delante de la propia urna”.

37.000 apoderados en todos los colegios

Por ello, la presencia de apoderados de todos los partidos será masiva en estas elecciones, con casi 20 apoderados de media por cada colegio electoral. El independentismo ha comenzado a jugar una partida peligrosa, advirtiendo de que es necesario asegurar la validez de cada voto. Para ello ha movilizado a casi 37.000 apoderados, por los 18.000 del resto de fuerzas políticas. ¿Qué pasará en cada rincón de Cataluña, en cada pueblo, en cada ciudad pequeña, en cada barrio de las grandes ciudades?

El independentismo ha caído en su propio engaño, enrocado en una idea: acabar con el 155, cuando la aplicación del artículo, como no se ha cansado en repetir la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, decae en el momento en el que se elija a un nuevo presidente de la Generalitat. Eso sí, mientras no ocurra, seguirá en vigor, y si son seis meses, tras las negociaciones, o si se repiten las elecciones, seguirá ahí.

Junts per Catalunya, que responde sólo a los intereses de Carles Puigdemont, con la esperanza del PDeCAT de que sirva, por lo menos, para ganar un puñado más de escaños que serán del partido –la mayoría alcaldes— se empeña en restituir al Govern. Mientras que ERC ha entrado –desde hace meses, aunque con grandes contradicciones internas— en una situación más realista, y pide que Oriol Junqueras o Marta Rovira sean investidos al frente de la Generalitat si gana las elecciones.

Las dos formaciones no lo tienen fácil. Ninguna encuesta les ha dado mayoría absoluta. Dependerán, de nuevo, de la CUP para llegar a los 68 diputados. Y ahí todo pueden ser sorpresas. Ya dejó en la cuneta a Artur Mas, con el veto tras las elecciones de 2015.

La lucha en el campo nacionalista desde 2003

En el otro lado, aparecen Ciudadanos y el PSC. Arrimadas, con una campaña directa, sin titubeos, puede ser la gran ganadora de las elecciones, aunque quede justo por debajo de ERC –por escaños--, pero tiene muy difícil su elección como presidenta. ¿Por qué? Por el rechazo que suscita entre los comuns, que, aunque tengan un modesto resultado, son la fuerza que puede ser determinante.

La opción que plantea Iceta es recibir el apoyo de Ciudadanos y del PP, con la esperanza de que CeC-Podem se incline, finalmente, por él. ¿Para hacer qué? Las fuentes consultadas se refieren a la posible formación de un gobierno de independientes, que susciten el apoyo de Ciudadanos y no generen rechazo en los comunes, para salir del bloqueo institucional. Sería un gobierno precario, débil, pero que podría ganar tiempo, y ofrecer confianza para el conjunto de la sociedad y de la economía catalanas. Sería un gobierno como el de Josep Tarradellas antes de las elecciones de 1980. ¿Casi un volver a empezar?

Todo eso se juega en Cataluña cuando se abran los colegios electorales este jueves. No hay más alternativas. Hasta tal punto ha llegado la política catalana, con un conflicto que tiene explicación y que se debe, en gran medida, a la lucha sin cuartel en el campo nacionalista por la hegemonía política desde el inicio del primer tripartito, a finales de 2003.

El deseo de Convergència de recuperar el poder como fuera y cuanto antes llevó a Artur Mas a un camino en el que arrastró a Esquerra Republicana, con muchas víctimas, como el PSC, ICV, Unió, y también, la propia Convergència Democràtica que fundara Jordi Pujol, que dejó de existir.