La Guardia Civil ha denunciado al juez instructor de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum del 1-O que los Mossos d’Esquadra prestan “servicios de protección” a los altos cargos de la Generalitat que fueron detenidos durante los registros de las consejerías catalanas los pasados 20 y 21 de septiembre.
El oficio de la Guardia Civil remitido al juez está fechado el 8 de noviembre, por lo que esa protección a los detenidos ha continuado tras la aplicación del artículo 155.
Colaboración de los Mossos
La Guardia Civil indica que los investigados pidieron un duplicado de sus respectivas tarjetas telefónicas, porque las originales fueron intervenidas por dichos registros. Y apuntan que éstos han contado con la “colaboración de miembros de la policía autonómica catalana”.
Dicha “colaboración” ha consistido en informarles de las técnicas policiales utilizadas en las investigaciones, como las escuchas telefónicas, la instalación de micrófonos, entre otras. También subraya que en la actualidad están proporcionando a los investigados “servicios de protección con escoltas, con el fin de detectar y dificultar que puedan seguir siendo investigados por otros agentes de la autoridad”.