Poner en marcha la Hacienda catalana habría costado entre 350 y 500 millones de euros al año. Así figura en los informes de la Generalitat incorporados a la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que investiga la organización del referéndum del 1 de octubre. A esta cifra había que añadir el presupuesto en tecnología, de entre 50 y 80 millones.

Según los documentos, la intención era recaudar entre 70.000 y 100.000 millones, en función de la presión fiscal. Una de las principales preocupaciones que tenía el Govern en cuanto a la Agencia Tributaria Catalana era la obtención de los datos de los contribuyentes. En los informes se habla de conseguir la información dispersa en varias bases de datos, por lo que no se tendría que pedir autorización expresa a los ciudadanos y obtener el resto a través de una campaña.

Todo esto, en el caso de que el Estado se negara a cederles los datos. Los documentos, elaborados por el Consejo de la Transición Nacional, admiten que el éxito en la obtención de los datos de los contribuyentes dependería en última instancia de la voluntad de colaboración de los ciudadanos y las empresas. Los documentos también tratan la creación de un Banco Central catalán, para centralizar el flujo de la tesorería tributaria y emitir deuda pública.

5.000 empleados

Para poner en funcionamiento la Hacienda catalana, una de las estructuras de Estado que el Govern planteaba crear, se necesitarían unos 5.000 trabajadores. De ellos, entre 200 y 300 serían inspectores; la gestión, recaudación y comprobación de declarantes iría a cargo de unos 1.000 empleados; en recursos humanos se ocuparían a otras 100 o 200 personas; mientras que entre 200 y 300 Mossos d’Esquadra lucharían contra la delincuencia fiscal y en el control de aduanas.

Además, el servicio informático propio emplearía de 200 a 300 personas, y el mismo número se dedicaría a otros organismos que configurarían la Agencia Tributaria. Pese a estos cálculos, los informes advierten de que la Comisión Europea estima que los empleados públicos necesarios son unos 1.000 para cada millón de habitantes en gestión tributaria, lo que elevaría la cifra a entre 7.000 y 8.000, en total.