De la bilateralidad a la bilateralidad. Junts per Catalunya y ERC han recuperado este concepto (que ya apareció durante la negociación de la reforma del Estatut) en sus puntos programáticos comunes, donde la declaración unilateral de independencia (DUI) ha quedado enterrada por motivos tan políticos como judiciales. Sin embargo, el resto de propuestas tienen mucho de brindis al sol:

1. Alcanzar una negociación bilateral con España y la UE que haga posible el acceso de Cataluña a la plena independencia. Posiblemente sea el punto más llamativo, pero no es nada original. Ya durante la reforma del Estatut se abogó por esa relación “de tú a tú” entre Generalitat y Gobierno. En realidad, implica la admisión de que, sin diálogo y negociación, poco puede avanzar el secesionismo. Pero difícilmente podría prosperar una negociación cuya finalidad sea exclusivamente la república catalana.

2. Defender las instituciones de Cataluña ante la agresión que supone la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Teniendo en cuenta que las elecciones catalanas del 21D suponen el final de la intervención del Govern y del Parlamento catalán, este punto pactado entre las fuerzas independentistas tampoco tiene demasiado recorrido. Otra cosa es que, en caso de nueva victoria secesionista, se vuelva a optar por una unilateralidad que no aparece en los programas.

3. Exigir la liberación de los “presos políticos” y la finalización de la presión policial y judicial que coarta el ejercicio de los derechos democráticos en Cataluña. Las referencias a los encarcelados va a ser una constante en la campaña del 21D, pero suena más a mitin que a programa electoral, dado que supone cuestionar la separación de poderes. Una vez arranca la maquinaria judicial, difícilmente puede ser parada. Evoca la ley de transitoriedad, suspendida por el Tribunal Constitucional, donde se contempla la amnistía de los inculpados por defender la independencia una vez se haya creado la “república catalana”

4. Exigir responsabilidades políticas y policiales por la operación del 1-O y la retirada de todos los procesos penales del referéndum y del 9N. De nuevo, supone pasar por alto la separación del poder judicial y ejecutivo y apelar a unos indultos que, descartada la proclamación de la república, solo podría proponer el Gobierno español.

5. Pedir a la UE que proteja los derechos de la ciudadanía de Cataluña. Los dirigentes europeos han dicho por activa y por pasiva que no piensan interferir en los asuntos del Estado español, al que consideran un país democrático. Pero el grueso de la campaña independentista se basa en recordar que hay “presos políticos”.

6. Impulsar un gran acuerdo de país para ampliar la mayoría ciudadana partidaria del derecho a la autodeterminación. Es el gran objetivo del independentismo y la inclusión de este punto programático supone el reconocimiento de un fracaso. De hecho, Junts per Catalunya y ERC han edulcorado su programa con la finalidad de atraer a los comunes. Y también para reducir los riesgos judiciales de los dirigentes encarcelados o querellados que se presentan como candidatos.

7. Reclamar al Gobierno que respete los resultados del 21-D. Este punto desvela el temor a posibles ilegalizaciones. Es cierto que el presidente del PPC, Xavier García Albiol, planteó la ilegalización de los programas electorales que rompieran con la legalidad. La unilateralidad no aparece en estos nueve puntos programáticos de Junts per Catalunya y ERC, lo que reduce esa posibilidad. El Ejecutivo ha precisado que no considera delito defender la independencia, sino cómo se aplica.

8. Combatir la campaña contra la economía catalana del Gobierno. Los independentistas insisten en que no son la incertidumbre política y la inseguridad jurídica del procés las que han provocado la salida de más de 2.000 empresas de Cataluña desde el referéndum del 1-O, sino las intervenciones policiales de ese día. Precisamente el pasado miércoles Foment del Treball apuntó a los efectos negativos del pulso independentista, como han hecho otras asociaciones profesionales.

9. Defender la escuela catalana de cualquier injerencia del Estado. La Alta Inspección educativa es competencia del Estado, pero no puede entrar en los colegios sin permiso de la Generalitat. De ahí que, en los últimos años, este organismo dependiente del Ministerio de Educación se haya revelado prácticamente inútil en esas tareas de control de adoctrinamiento escolar denunciado por PP y Ciudadanos.