Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se protege ante una eventual ilegalización del partido. La formación de Oriol Junqueras registró el 13 de noviembre una lista blanca, Diàleg Republicà, como plan B para las elecciones del 21 de diciembre. La candidatura está compuesta de personas alejadas de la primera línea de la política, entre los que figuran muchos miembros de las juventudes del partido.
De esta forma, se presentan al 21D con dos marcas: ERC, que rehusó concurrir en coalición con el PDeCAT; y Diàleg Republicà. Esta última se ha registrado en la inscripción del Ministerio del Interior en las cuatro circunscripciones de Cataluña, así como en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares.
Contra la ley
Para hacerlo, según informa el diario Ara, un grupo reducido de militantes se han encargado de recoger 5.000 firmas (un 0,1% del censo), que es lo que requiere la ley para partidos sin representación parlamentaria. Emma Soler, portavoz de las JERC en Cataluña del Norte; Cristina Casals, militante de ERC en la Tierra Alta; Mariona Vilarroya, portavoz de las JERC en la Bisbal d’Empordà; y Pol Oliva, militante de ERC en Talarn, serán los cabezas de lista en Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida.
La intención es pedir el voto para Diàleg Republicà en caso de que la candidatura de ERC sea ilegalizada. Todos los diputados que consiguiera la lista dimitirían. Esto se salta la ley del régimen electoral general, según la cual los partidos no pueden presentar candidaturas que quieran “continuar o suceder la actividad de un partido declarado judicialmente ilegal o suspendido”.
La ilegalización de partidos independentistas es una posibilidad que ha sonado en algunos ámbitos del PP. El vicesecretario de comunicación del partido de Rajoy, Pablo Casado, se mostró partidario de hacerlo, mientras que el líder popular en Cataluña, Xavier García Albiol, es favorable a prohibir los programas electorales que defiendan la independencia al margen de la Constitución.