La relación contractual entre el despacho de Miquel Roca y la Generalitat estuvo en el punto de mira de la Guardia Civil, debido a la donación que el prestigioso abogado hizo a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) horas después de que el Govern le adjudicara un servicio en 2011.
Pese a ello, el Ejecutivo catalán ha vuelto a otorgar un contrato de servicios al despacho Roca Junyent, en este caso para que asesore fiscalmente a Infraestructures.cat, la empresa pública encargada de gestionar la obra pública catalana (carreteras, metro, juzgados, ferrocarriles, escuelas, hospitales).
Abogado de la Infanta en el 'caso Nóos'
La adjudicación de este contrato se hizo pública ayer, tiene una duración de dos años (con posibilidad de prórroga por dos años más) y está valorado en 83.490 euros. Ese asesoramiento se hará extensivo a la empresa pública Infraestructures Ferroviàries de Catalunya.
Miquel Roca, abogado de la infanta Cristina en el caso Nóos, fue investigado en el marco del caso 3% —relativo a la supuesta financiación irregular de Convergència mediante la adjudicación de obra pública— por haber donado 10.000 euros a este partido horas después de que la consejería de Economía de la Generalitat le adjudicara un contrato de más de 90.000 euros.
Donación a título personal
Cuando trascendió, el padre de la Constitución hizo un comunicado en el que aseguraba que la donación se hizo “a título personal, legal, declarada fiscalmente y completamente transparente”. El exdirigente nacionalista negó “rotundamente” que la liberalidad estuviera vinculada a sus actividades profesionales. “Nunca, ni directamente ni indirectamente, he realizado donaciones a partidos políticos como contraprestaciones a contratos públicos. Cualquier afirmación en sentido contrario es falsa”, afirmó.
El despacho de abogados Roca Junyent no atraviesa por un buen momento, dado que, en 2016, cerró su sexto año consecutivo con ingresos a la baja. El año pasado, la facturación se redujo un 6% y pasó de 28,6 millones a 26,9 millones de euros.