La actividad municipal de la capital catalana está enquistada. Los principales partidos de la oposición se quejaban, en las últimas semanas, de los excesivos plenos extraordinarios convocados por la “situación de excepcionalidad” en Cataluña y de la cadena de suspensiones de otras sesiones como comisiones y consejos de barrio, entre otros.
El principal argumento de la alcaldesa de Barcelona se relacionaba, entonces, con el independentismo: su rechazo a las operaciones de la Guardia Civil en la conselleria de Economía, a las cargas policiales ocurridas durante la celebración del referéndum, a la encarcelación de los Jordis y, por último, a la privación de libertad de los exconsellers del Gobierno catalán.
Minoría histórica
Ada Colau se vanagloriaba, en el último pleno municipal el 2 de noviembre, de que el consistorio barcelonés es, actualmente, la principal institución en funcionamiento elegida de forma democrática. Sin embargo, hasta los funcionarios municipales se quejaban de tener las mesas impolutas.
Tras romper el pacto con los socialistas este domingo, en lo que no deja de ser un claro gesto de posicionamiento de los comunes para las elecciones del 21D, llegan las consecuencias. La primera y más obvia es el resquebrajamiento del panorama municipal. Si ya era difícil hasta la fecha llegar a algún consenso entre formaciones para avanzar en las cuestiones de la ciudad, Colau ha roto del todo hasta la más mínima posibilidad. La excusa actual: el apoyo del PSC a la aplicación del artículo 155 tras la Declaración Unilateral de Independencia el pasado 27 de octubre.
Los cuatro concejales del grupo de Jaume Collboni desaparecen del ejecutivo municipal y los once de Barcelona en Comú pasan a gobernar en solitario, convirtiéndose en el gobierno más minoritario de la historia de la democracia en Barcelona. Y el primer efecto que se resiente es la aprobación de los presupuestos, que ya tuvieron su particular historia el año pasado, cuando la alcaldesa los aprobó a golpe de moción de confianza tras no lograr el apoyo necesario.
Boicot a los presupuestos
En su rueda de prensa de este lunes, la CUP ha llamado a boicotear las cuentas previstas por los comunes y no aprobarlas para obligar, así, a la alcaldesa a que abandone la ambigüedad de “ni DUI, ni 155”. Era el concejal del PP Alberto Fernández quien ponía sobre la mesa promover la aritmética municipal como alternativa al gobierno de Barcelona en Comú y recordaba a la alcaldesa que ahora gobierna con la minoría más absoluta de la historia de la democracia en Barcelona.
Mientras tanto, continúan paralizados otros aspectos como la aprobación de las ordenanzas fiscales, que tenían que haberse aprobado en la comisión de Economía y Hacienda del pasado 18 de octubre, pero se suspendió; las obras de la plaza de las Glòries, que tenían que licitarse el pasado mes; ordenanzas como la de civismo o la de terrazas, que tenía que estar lista en 2018; carriles bici, paralizados desde este verano; la lucha contra la venta ambulante o contra la turismofobia. Sin contar con la insinuación de John Hoffman de llevarse el Mobile World Congress (MWC) a otra ciudad lejos de Barcelona, o la candidatura de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que se votará el próximo lunes, 20 de noviembre.