Los hechos desmienten a Puigdemont: el sistema español es democrático

Carles Puigdemont utiliza el altavoz que le da su periplo belga para asegurar a todo aquel que le quiera oír que España no es un país democrático. Y pone como ejemplo lo que él define como persecución y encarcelamiento de los dirigentes independentistas. Tres expertos consultados por Crónica Global afirman, por el contrario, que España se sitúa entre los países como mayor nivel democrático. Y a los rankings internacionales se remiten. Todo es mejorable, admiten. Pero el país está a la altura de Bélgica y Gran Bretaña.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB) Josep Maria Castellà asegura que "España está entre las democracias consolidadas y maduras". "Y ha conseguido ocupar este lugar en un plazo breve en términos históricos, 40 años. Es una democracia pluralista donde los partidos con ideologías contrarias a la Constitución son legales y pueden obtener representación".

Estabilidad en la ley electoral

El constitucionalista añade que el régimen electoral es sustancialmente el mismo desde 1977, "lo que da una estabilidad grande en las reglas de juego e impide usos partidistas de la ley electoral por las mayorías de turno". Contrapone esta situación a Italia, donde hay cambios frecuentes de la ley electoral "con objetivos políticos claros en no pocas ocasiones".

Castellà afirma que España "es un Estado de derecho donde los derechos fundamentales tienen una protección por los tribunales al más alto nivel, inclusive el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y donde el cumplimiento de la ley opera con normalidad". 

Precisa que, "como toda democracia constitucional, hay déficits a corregir: la separación de poderes podría ser más clara, respetándose más la independencia judicial y evitando que los partidos intervengan en la elección de magistrados constitucionales y otros cargos de autoridades independientes con criterios de partido (cuotas)".

Participación ciudadana, mejorable

También considera mejorable la estimulación de "la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos", así como el refuerzo del vínculo entre representantes y representados. Para el profesor de la UB, hay que trabajar en que los partidos "tengan un funcionamiento interno más democrático y en que los medios de información contribuyan mejor a la formación de una opinión pública libre y crítica".

Castellà aconseja consultar los índices internacionales donde España aparece entre los primeros puestos en nivel democrático, como el último Rule of Law de World Justice Fórum y el Democracy Index, de la revista The Economist. En ambos baremos, España aparece con unos niveles democráticos perfectamente parangonables con los de otros países. En el caso de The Economist, España está por delante de Francia, Estados Unidos, Bélgica e Italia.

Los nacionalistas imponen su agenda

El profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza Pau Marí-Klose añade otros dos indicadores, el World Governance Indicators del Banco de España y el Freedom House. Coincide con Castellà en que hay cuestiones relacionadas con el poder judicial, la corrupción o la financiación de partidos que son mejorables "y así lo contemplan los programas electorales de los partidos políticos, pero ello no cuestiona lo fundamental". "Los índices democráticos de España son impecables en cuanto a libertad de expresión, procesos electorales o derechos civiles".

Considera "absurdo" que se compare a España con Turquía o Hungría. "Nuestro país aparece en esos rankings empatado prácticamente con Bélgica o Reino Unido. Los países escandinavos, Holanda o Australia son casi modélicos, pero España está dentro de la Europa de los 25". "Lo que ocurre –añade— es que caemos en la trampa del nacionalismo catalán, que nos quiere llevar a su terreno para discutir algo que está fuera del debate público. Nadie duda de que España es una democracia consolidada".

Mecanismos de autocorrección

Pau Marí-Klose indica: "Tenemos incluso mecanismos de autocorrección si se aprecian desviaciones". En este sentido, pone como ejemplo la posibilidad de que el Tribunal Supremo asuma la querella contra los exmiembros del Govern que ahora lleva la Audiencia Nacional. "No obstante, hay que ser cauteloso, pues la posición de España en esos baremos podría variar en función de cómo evolucionen esos procesos penales. Pero es difícil que cambien sustancialmente", indica.

El profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Oriol Bartomeus precisa que "la cuestión no son los estándares democráticos, en los que España no tiene una mala posición". "La cuestión es que una parte no despreciable de la ciudadanía catalana considera que la democracia en España es mala".

Entiende que "no se trata de un problema solo de Cataluña. Es general y afecta a una parte muy importante de la ciudadanía española. Incluso se puede rastrear el ‘malestar democrático’ en todos los países europeos".

Esa percepción, indica Bartomeus, "tiene que ver con el envejecimiento del sistema político, y no es nuevo. Se trata del 15M". Y alude a los datos del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat y del CIS sobre la satisfacción de la democracia. "Las magnitudes son diferentes, pero la tendencia es la misma", asegura.