Hoy hace una semana que Mariano Rajoy anunció la destitución de Carles Puigdemont y de todos sus consejeros, así como la disolución del Parlamento de Cataluña.

Han sido siete días muy convulsos judicialmente, pero la normalidad está siendo una constante en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Una normalidad que ha sorprendido a los propios ejecutores de esa medida. “Hemos encontrado altos cargos muy colaboradores, incluso simpatía entre los funcionarios”, explicaba una de las personas que el Gobierno de Rajoy ha desplazado a Barcelona para participar en la gestión de la Administración catalana. Confiesa que lo hizo con recelo, pensando que sería recibido con hostilidad debido al proceso independentista. Muy al contrario.

Sea porque el desacato al 155 contempla duras sanciones e incluso responsabilidades penales, sea porque la presión secesionista ha logrado asfixiar a algunos funcionarios, lo cierto es que, hasta el momento, no se ha registrado ningún episodio de desobediencia. La llegada de esos “hombres de negro”, como popularmente se conoce a los enviados de Rajoy, ha supuesto para algunos trabajadores una válvula de escape.

Referéndum

En el Departamento de Economía, que es uno de los principales objetivos de la intervención del Ejecutivo español, algunos funcionarios se desahogaron con los recién llegados explicando el “caos” que supuso el traspaso de competencias en procesos participativos al entonces titular de esta consejería, Oriol Junqueras.

El expresidente Puigdemont otorgó estas atribuciones al líder de ERC en un intento de repartir responsabilidades de cara al referéndum del 1-O. Sin embargo, las elecciones siempre habían sido gestionados por la Consejería de Gobernación, donde trabajan personas con una amplia experiencia, no así en Economía, donde las nuevas atribuciones provocaron un gran desbarajuste.

En esta consejería, los enviados del Gobierno español analizan al detalle todos los gastos realizados con la finalidad de impedir que se destinen fondos públicos a actividades independentistas. Por ejemplo, el Gobierno ha comprobado que la estancia de Puigdemont y de sus exconsejeros en Bélgica no ha sido sufragada por la Generalitat. Nada han encontrado al respecto.

Comunicación entre López y Millo

Otro de los departamentos prioritarios para el 155 es el de Interior. Tras la destitución del mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, y de su director general Pere Soler, se han mantenido las jerarquías y, actualmente, es el comisario Ferran López quien está al frente.

La relación entre López y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, es constante. El mando policial le informa puntualmente de las actividades de los Mossos. Uno de los últimos reportes de López entregado a Millo hacía referencia a los posibles altercados que podría provocar la encarcelación de los miembros del antiguo Gobierno catalán tras su declaración ante la Audiencia Nacional. El informe pecó de alarmista.

Pero es en TV3 donde el Gobierno ha intensificado sus toques de atención. Se renunció a destituir a sus principales responsables, pues el Ejecutivo era consciente de las dificultades de controlar un ente tan enorme como politizado a nivel de dirección. Una de las quejas transmitidas a la televisión catalana tiene que ver con una instrucción interna en la que se utiliza el término “unionista” para referirse a los partidos no independentistas. También se expresó malestar por el rango de presidente que todavía se da a Puigdemont o a la coletilla “el Govern cesado según el Estado español”.