Intersindical-CSC, una organización próxima a las tesis independentistas que tiene el 1,5% de la representatividad en los centros de trabajo catalanes, ha convocado huelga general para el próximo miércoles, 8 de noviembre, que pretende repetir la que ya se hizo el 3 de octubre. Ha asegurado en rueda de prensa que quieren parar los centros de trabajo para protestar contra la "regresión de derechos sociales" y la precariedad laboral y declara que no tiene ninguna finalidad política. Algo que la anularía por la legislación vigente. 

"Razones para una huelga general no faltan", ha declarado el secretario general del sindicato, Carles Sastre, en rueda de prensa. Acompañado de uno de los responsables de la organización, Marc Sallas, y del miembro de la red sindical por la independencia, Juanjo Morales, también ha remarcado que la protesta "quiere ser una respuesta al empobrecimiento de la clase obrera a causa de los bajos sueldos imperantes".

Pocas posibilidades de éxito

Las posibilidades de que la nueva convocatoria triunfe son más bien escasas, fundamentalmente porque en esta ocasión la Consejería de Empleo no la apoyará, como sí hizo hace un mes: ahora está intervenida. En aquella ocasión, el departamento que dirigía Dolors Bassa dictó unos servicios mínimos tan bajos en los transportes que aseguró el éxito de la huelga antes de que se iniciara.

De la misma forma, los funcionarios de las administraciones autonómica, provincial y local se sumaron en la creencia de que el paro no sería descontado de su salario. La intervención del Ministerio de Hacienda hizo que las ocho horas de inactividad se deban compensar antes de que acabe el ejercicio.  

Convocatorias anteriores

Pero coincide con el llamamiento de los independentistas de repetir el llamado paro de país un mes después. De hecho, Intersindical-CSC ya fue uno de los convocantes de la huelga del 3 de octubre y tenía solicitados permisos de preavisos para otro paro del 6 al 9 de noviembre. Retiró la convocatoria un día antes de su inicio, algo que algunas voces de las organizaciones de defensa de los derechos laborales mayoritarias criticaron, ya que consideran que se pervierte uno de los derechos fundamentales de los empleados por una finalidad política. 

La presión actual se centra sobre los miembros de la Taula per la Democràcia, un espacio de debate transversal con presencia de ANC y Òmnium Cultural, pero también por los principales sindicatos y patronales como Pimec y Cecot, la díscola de Foment del Treball. Convocó el paro de país, aunque por ahora se resiste a hacer el mismo llamamiento.

Sus miembros han mantenido un debate intenso desde la semana pasada para intentar consensuar un texto de rechazo de la entrada en vigor del artículo 155 que finalmente se ha ampliado para exigir la liberación tanto de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los dos líderes que llevan en la cárcel desde el pasado 16 de octubre, como del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y de los exconsejeros cesados que han pasado su primera noche en prisión.

Reconocimiento a Santi Vila

Pero las diferentes sensibilidades de la Taula per la Democràcia se reflejan en el texto acordado. Se ha consensuado reconocer la vigencia del Gobierno catalán que fue cesado con la aplicación del 155, pero también se amplía la demanda de liberación a Santi Vila, diana de los independentistas por su decisión de presentar la dimisión ante de la votación de la declaración de secesión en el Parlament.

“Pedimos la vuelta a la normalidad democracia, rechazamos la judicialización de la política”, indica el escrito en el que manifiestan que las “querellas contra rebelión, sedición y otras contra el Gobierno y la mesa del Parlament no son el camino para resolver ningún problema”. “Condenamos los actos violentos fascistas contra los cargos de Cataluña”, añade.

Manifestación del 12N

Cabe tener en cuenta que tanto CCOO como UGT de Cataluña rechazan tanto la activación del artículo 155 como la declaración unilateral de independencia, mientras que Pimec emitió ayer un comunicado en el que mostraba su confianza en que las elecciones catalanas del 21D “aseguren la estabilidad social y económica”.

Patronales y sindicatos advierten que en una campaña electoral en marcha evitar la politización de sus actos. No están por la huelga general, una acción reivindicativa que necesita un motivo laboral. Por ello, la demanda independentista de parar el país que se ha iniciado con la convocatoria de Intersindical-CSC podría mutar en un apoyo de la Taula per la Democràcia a la manifestación masiva que se prepara para el 12 de noviembre.