Estaba llamado a provocar un “trauma nacional”, pero la aplicación del artículo 155 de la Constitución española sobre la autonomía catalana se está llevando a cabo con absoluta normalidad. Una intervención quirúrgica y la negativa del funcionariado a rebelarse contra los nuevos administradores, ha convertido el llamamiento a la movilización de Carles Puigdemont en un farol.
“Una cosa es llamar a la ciudadanía catalana a manifestarse y otra, que un funcionario se arriesgue a perder el puesto de trabajo. Sobre todo si, quien lo pide, se va a Bruselas”, explican fuentes de la Moncloa, a modo de resumen de las primeras horas de gestión estatal de la Generalitat.
Resultados electorales
Como se sabe, el 155 ha supuesto el cese del expresidente Puigdemont y de todos sus consejeros, así como la disolución del Parlamento catalán y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. Posiblemente, serán estos comicios donde el Ejecutivo arriesga más pues, según afirman estas fuentes, es posible que el independentismo vuelva a tener mayoría. Y prevén que pueda producirse algún boicot a esas elecciones "autonómicas, no plebisicitarias", por parte de algún ayuntamiento.
Sin embargo, ajustar la aplicación del 155 a menos de dos meses ha contribuido a desdramatizar la medida. En efecto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha optado por mantener a la mayoría de altos cargos, de forma que los funcionarios catalanes “no han tenido que decidir entre dos administraciones porque se mantienen los escalafones y no desaparece la Generalitat”. Un ejemplo de ello es la sustitución del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, por su número dos, Ferran López, respetando así la jerarquía. Tanto Trapero como Pere Soler, que fue cesado como director general de los Mossos, enviaron una carta a sus trabajadores en la que se abunda en esa necesidad de normalidad. Así, según estas fuentes gubernamentales, “el 155 se ha llevado a cabo sin sensación de ocupación. No ha sido el fin del mundo”.
La huida a Bruselas
Respecto el amago de huida de Puigdemont a Bruselas y a la espera de ver si comparece este jueves ante la Audiencia Nacional --ha sido citado en relación a la querella por rebelión y sedición presentada el lunes por la Fiscalía--, el Gobierno advierte de que “su postura perjudica a los miembros del Gobierno que se han quedado aquí y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que también está querellada, pues “el juez puede apreciar riesgo de fuga”.
El Ejecutivo reconoce que Cataluña estuvo "al borde del abismo" los días 1 y 3 de octubre --referéndum y paro de país-- pero, posteriormente, señala, se produjo una fuga de empresas, un descenso en el consumo y una masiva manifestación en favor de la unidad de España. Es decir, que "ni Europa apoya a Puigdemont, ni las empresas aceptan el procés ni la sociedad la apoya mayoritariamente", concluye.