La hasta ahora portavoz parlamentaria de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, estaba muy preocupada por la falta de predisposición que, a principios de septiembre, el Ayuntamiento de Barcelona mostraba en público y en privado para ceder los colegios electorales para el referéndum ilegal del 1-O.

Así se desprende de diversas conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil que, por orden del juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, investiga el llamado Caso Anubis, la trama para la creación de una base de datos electorales ilegal.

La dirección de Rovira

Ese sumario constata que el cerebro del operativo para la ejecución del referéndum del 1-O fue Josep Maria Jové i Lladó, secretario general de Hacienda (hombre de confianza de Oriol Junqueras) que, al respecto, despechaba asiduamente con la portavoz republicana, Marta Rovira.

Jové tenía como cometido prioritario la búsqueda de colegios y, en este sentido, había establecido diversos contactos con alcaldes.

El 4 de septiembre a las 9.15 horas Marta Rovira llama a Jové y le cita para “hablar del tema de los alcaldes”. Ese mismo día se produce una nueva llamada en la que Rovira le muestra a Jové su preocupación por la ambigua actitud del Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por Ada Colau.

Barcelona, clave

“Asens está exigiendo al Govern los informes jurídicos para asegurarse de que no habrá consecuencias para los funcionarios ni para el ayuntamiento en caso de ceder los locales”.

Según el informe de la Guardia Civil de fecha 17 de septiembre, “se trata de Jaume Asens, el cuarto teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona”.

Rovira se muestra angustiada porque considera claves para el desarrollo del referéndum el concurso del ayuntamiento y la cesión de los colegios públicos del municipio.

Plan A, plan B

El 5 de septiembre, un día antes de la votación y aprobación de la ley del referéndum, Marta Rovira vuelve a hablar con Jové obsesionada con los locales del ayuntamiento.

Rovira le dice al secretario general de Hacienda que “trabajen con el plan A”, consistente en que el consistorio colabore en la consulta. El plan B es el contrario y se dan de margen para dirimir la cuestión el día 7, es decir, al día siguiente de la aprobación del referéndum.

"En caso de que no colaboren, abramos negociación para encontrar colegios religiosos que nos puedan ayudar".