El destituido presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha dirigido a la comunidad internacional para que reaccione porque “el caso catalán son los valores en los que se fundamenta Europa, la democracia y la no violencia”. En una rueda de prensa en Bruselas, ha pedido al pueblo catalán que tenga paciencia porque “el proceso será largo”, así como un reconocimiento de los exconsejeros por su esfuerzo personal. El dirigente independentista ha dicho que hay que luchar para impedir la aplicación del 155 a través de las elecciones del 21D. Ha asegurado que no ha viajado a Bruselas para pedir asilo, pero ha explicado que permanecerá en la capital belga para tener "más tranquilidad, protección, libertad y seguridad", y pide "garantías" jurídicas a la UE.

Se ha referido a la “ofensiva” de las instituciones españolas en general y la judicial, en particular, que amenaza con penas de hasta 500 años de prisión para miembros del Govern y la Mesa del Parlament por los delitos de rebelión, sedición, desobediencia, prevaricación y malversación durante el procés independentista. Por el contrario, ha dicho que la Generalitat siempre ha respondido con actitudes pacíficas y con voluntad de diálogo. “Si el Estado quiere utilizar la violencia, es su decisión, pero no nos puede arrastrar a nosotros”, ha añadido.

De hecho, ha justificado su huida a Bruselas para evitar la violencia. "Si nos hubiéramos quedado allí con una actitud de resistencia estoy convencido de que hubiera habido una acción muy violenta del Estado", ha indicado.

Sobre la última querella de la Fiscalía, la ha puesto de ejemplo de la extrema agresividad del Estado: “Pide 30 años de prisión para cada uno de nosotros, con fianzas o medidas abusivas”.

El 21D, "un reto democrático"

Por todo ello, el expresidente catalán ha citado cuatro ejes de su plan de trabajo. “Nos hemos desplazado a Bruselas para denunciar la situación y la politización de la justicia española" que “persigue ideas, no delitos”. Ha hablado de “déficit democrático” español. Por otro lado, el Govern seguirá con su trabajo en la línea de no confrontación, defendiendo la idea de que la querella es “política”. “No queremos escapar a la acción de la justicia, pero nos enfrentaremos políticamente”.

Asimismo, Puigdemont ha dicho que el antiguo Govern trabajará en el impedimento de la aplicación del 155 para evitar la demolición de las instituciones catalanas. "Nos tomamos las elecciones" del 21D como “un reto democrático, no nos da miedo y respetaremos los resultados, sean los que sean”, pero ha preguntado al Gobierno español si también lo hará. “¿El Estado respetará una mayoría independentista?”, ha dicho.

Se considera presidente y llama a tomar las calles

Puigdemont ha insistido en que, pese a haber sido cesado por el Gobierno de Mariano Rajoy en aplicación del 155, él se considera el "presidente legítimo" de la Generalitat, al igual que el Govern que lo acompañaba hasta el viernes pasado. "Nunca abandonaremos el Gobierno y vamos a seguir trabajando", ha indicado, y ha recordado que el exvicepresidente Junqueras y otros exconsejeros siguen en Cataluña.

Pero el cesado presidente autonómico ha ido más allá y se ha comprometido a apoyar las iniciativas que surjan para evitar la aplicación del artículo 155 y, entre ellas, ha apelado a la actuación de "la gente que salvó las escuelas" durante el referéndum secesionista ilegal del 1-O --en referencia a las concentraciones de independentistas para impedir a la policía ejecutar el mandato judicial--. "Estoy seguro de que [esa gente] salvará también nuestras instituciones", ha destacado.

"Agresividad del Estado"

Puigdemont, que ha utilizado el castellano, el catalán y el francés, ha criticado la “agresividad del Estado”, con la imputación de 700 alcaldes, violencia contra mil personas que “ejercían su derecho a voto” el pasado 1 de octubre o las multas multimillonarias por la organización del 9N.

El expresident ha comparecido en un centro internacional de prensa en medio de una gran expectación --la sala tiene una capacidad para 50 periodistas, pero acudieron cerca de 200--, después de que el Gobierno belga se haya negado a cederle un local oficial.

Puigdemont, cesado junto a los miembros del que hasta el viernes fue su Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución, se encuentra en Bruselas desde ayer, ciudad a la que también se desplazaron los exconsejeros Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Meritxell Serret, Toni Comín, Miquel Puig y Clara Ponsatí.