La Fiscalía de Barcelona solicita para David Madí, que fue mano derecha de Artur Mas en la extinta CDC y que también ocupó el cargo de secretario de comunicación en el Govern, dos años de prisión, inhabilitación absoluta y multa por su presunta impliación en una trama de facturas falsas.
En esta causa también se investiga a otras seis personas, ente las que está Juan Manuel Parra, uno de los acusados en el juicio del saqueo del Palau de la Música y que reconoció que facturó a la entidad cultural servicios prestados al partido nacionalista, entre ellos parte de la campaña electoral de CiU al Congreso de los Diputados en 2004.
Engaño a Hacienda
El escrito del fiscal entregado en el juzgado de Barcelona que ha instruido el caso señala que un productor audiovisual, que ha confesado y se le pide una pena menor, se concertó con Parra, otros cinco acusados y David Madí "para llevar a cabo un engaño" y defraudar a Hacienda en el ejercicio 2011.
Para ello, se elaboraron una serie de facturas que no correspondían en realidad con una actividad económica por lo que se trataron de falsas. El único propósito era "dar cobertura formal" al fraude, sostiene la acusación pública.
Facturas
Dos de las mercantiles de David Madí, IKI Cat XXI y Nubul Consulting, emitieron facturas a la empresa del productor audiovisual, siempre según la fiscalía, por un importe de 194.700 euros. Los conceptos que aparecen en los documentos son muy genéricos. Una de ellas expone: "Honorarios sobre servicios realizados en el primer semestre del 2011 de acuerdo con el contrato firmado en enero del 2011". David Madí negó el pasado mes de julio a este diario las imputaciones.
La cuota defraudada por el productor audiovisual, en colaboración con el resto de acusados, asciende a 257.880 euros en relación con el impuesto de sociedades y 181.620 euros por el IVA. El pasado mes de febrero, el productor audiovisual reconoció los hechos y antes consignó en el juzgado el dinero que debía a Hacienda, así como los intereses. Por esta razón, se le aplica la atenuante de reparación del daño y solo se le pide 10 años y 30 días de prisión.