El Gobierno desistió de tomar del control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), de donde cuelgan TV3 y Catalunya Ràdio, convencido de que sería una tarea imposible que produciría un desgaste improductivo. Las dificultades que se encontrará en la enseñanza y la sanidad no son nada comparadas con la de los medios.
Quienes aconsejaron dar marcha atrás a Mariano Rajoy, básicamente PSOE y PSC, saben que la plantilla de la televisión pública --2.300 personas-- es ingobernable, que practicaría la desobediencia y el trabajo a reglamento, y que está muy ideologizada. Los socialistas tienen la amarga experiencia de su paso por los gobiernos tripartitos presididos por Pasqual Maragall y José Montilla.
Volcados en la independencia
Intentar el control directo es un objetivo inabordable en seis meses, y menos en lo que resta de año.
Sus empleados y cuadros medios en absoluto consideran que manipulen la información, sencillamente trabajan para el mundo independentista, como si el resto de los catalanes no existiera.
Su director, Vicent Sanchis, había sido reprobado al poco de ocupar el cargo por la Cámara catalana precisamente por su responsabilidad en orientación sectaria de la cadena. Saül Gordillo, director de la radio, ocupa el cargo por su amistad con Carles Puigdemont, de quien fue socio en una empresa. Ambos, en compañía del director de la agencia de comunicación pública catalana, hicieron una demostración de fuerza a través de una rueda de prensa dos días antes de la declaración de la independencia.
Un 'president' que es 'expresident'
La primera prueba de esa voluntad de seguir su línea informativa ya se produjo el sábado pasado al mediodía, cuando la televisión pública catalana presentó el vídeo de Carles Puigdemont llamándole “president”, casi 24 horas después de haber sido cesado.
En adelante, y hasta la constitución del próximo Parlamento catalán, tendrá que ser la Junta Electoral Central la que vele porque los medios públicos catalanes se atengan a la legalidad.