El juez de la Operación Anubis investiga la red de espionaje de la Generalitat

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, ha recibido de parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional las diligencias de investigación que hace casi dos años abrió el fiscal Vicente González Mota contra el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) y contra la denominada Agencia de Seguridad Nacional (ASN), al considerarlos embriones de un ilegal dispositivo de espionaje al servicio de los líderes políticos del soberanismo.

El juez, que ha aceptado la competencia del caso, considera al exmagistrado Santiago Vidal un miembro activo de esta trama que dispondría de personal e inmuebles no identificados desde donde se trabaja o se ha trabajado para la causa.

Vidal, doble imputado

Según consta en el sumario de la Operación Anubis por un comentario interceptado al juez y exsenador de Esquerra Santiago Vidal, un gobierno extranjero estaría formando en tareas de contrainteligencia a una unidad de los Mossos d'Esquadra, dato que la Guardia Civil, de momento, no ha podido constatar.

Sin embargo, se trata de una sospecha que viene avalada por las intensas gestiones de investigación que, al respecto, ha llevado a cabo de forma sigilosa la Fiscalía de la Audiencia Nacional durante dos años.

Graves delitos 

Aquellos que hubieran urdido esta trama con el fin de captar y distribuir información confidencial a través de los dispositivos informáticos o telemáticos de la Generalitat serían presunto autores, según un informe de la Guardia Civil datado el 7 de marzo de 2017, de sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia.

Tanto la Fiscalía como el juez sospechan que hasta 20 empresas subcontratadas por el CTTI (Centro de Tecnologías de la Información) podrían haber realizado trabajos tendentes a establecer la red de tratamiento de datos informáticos obtenidos, almacenados y distribuidos por el Cesicat y la ANS.

La ANS, un CNI frustrado

El juez considera que la ANS era una herramienta prioritaria del gobierno soberanista para desarrollar su proceso de transición nacional. Por ello consideraba indispensable su interceptación.

Juez y fiscal de Barcelona establecen sólidas relaciones entre el Cesicat, la ANS y el CTTI, que habría desplegado un programa concreto para dar viabilidad a la “inteligencia” que quería poner en marcha, primero el Gobierno de Artur Mas, y más tarde, el de Carles Puigdemont.