No habrá república ni independencia virtual. Y, pese a eso, ni el presidente de la Generalitat destituido, Carles Puigdemont, ni el que era su número dos, Oriol Junqueras, están por la labor de plantar cara al Gobierno español de Mariano Rajoy y, tal y como piden algunas bases independentistas y la CUP, sacar adelante el propio relato nacido de la declaración de independencia que aprobaron con su mayoría en el Parlamento de Cataluña. La violencia que pudiera encarnar determinada resistencia a asumir los mandatos procedentes de Madrid agravaría la tipificación penal de su actuación al convertirla en delito de rebelión, uno de los más condenados por la normativa española.

Tras proclamar la república independiente de Cataluña, Puigdemont se reunió unas horas en el Palau de la Generalitat con integrantes de su equipo gubernamental. Poco más tarde tomó rumbo a su residencia privada en Girona. El político no barajó ni por un momento emprender cualquier tipo de resistencia ante las medidas emanadas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española por el cual queda fulminantemente destituido junto a todos sus colaboradores. Según ha podido saber este medio, los principales dirigentes abogaron por asumir la intervención y no exponerse de manera personal ante la justicia. El único mensaje que ha trascendido es el dirigido a los funcionarios, a los que se conmina a trabajar como de costumbre.

Se centran en las elecciones

Mientras algunos catalanes, unos 17.000, se manifestaban la tarde del viernes ante la sede de la principal institución catalana, en el que fuera último gobierno vigente de la autonomía no existió la más mínima voluntad política de inmolación. Al contrario, tanto los representantes del PDeCAT como los de ERC han comenzado a preparar las elecciones que Rajoy ha convocado para el 21 de diciembre, en una jugada de aplicación temporal que les ha sorprendido por la inmediatez y por como tapona una buena parte de sus argumentos políticos.

Rajoy no ha mostrado interés por una larga intervención de los poderes públicos catalanes, sino que ha convocado los comicios que el propio Puigdemont estaba dispuesto a preparar apenas unas horas antes cuando aún intentaba obtener algún rédito y frenar la aplicación del artículo constitucional aprobado por el Senado que permite la intervención de la administración catalana.

La CUP, única resistencia 

Desde Moncloa se da por supuesto que durante una semana al menos habrá conatos de resistencia pasiva en algunos ámbitos menores de la sociedad catalana. Desde la convocatoria de una huelga general cuyo éxito puede ser irrelevante, hasta las acciones que la CUP y sus satélites más radicales intenten aplicar. Los políticos antisistema son, de facto, uno de los grandes vencedores de los acontecimientos políticos que han tenido lugar. Iniciaron la legislatura cobrándose la cabeza del entonces presidente Artur Mas y la finalizan proclamando una independencia virtual que aseguran defenderán en las calles, el espacio en que dicen sentirse más cómodos para promover sus ideas.

La irreversibilidad de la intervención administrativa de Cataluña lleva a los diputados más moderados de Junts pel Sí a abogar por preparar la campaña electoral de forma inmediata ante lo disputado que está el mapa político. No retroceder del todo en términos de ejercicio del poder es ahora la principal aspiración de los nacionalistas, que pueden topar con movimientos pendulares de la intención de voto tras los episodios vividos de manera reciente, y en especial la visión de desastre económico que han representado sus actuaciones.

Golpe al secesionismo

El mensaje implícito que supone la destitución esta madrugada del mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero hace aún más evidente la determinación de Rajoy, con el apoyo de Pedro Sánchez y de Albert Rivera, para frenar la escalada de insurrección de los políticos independentistas. El entorno nacionalista ha amanecido este sábado más apaciguado que de costumbre en las redes sociales, donde siempre ha mantenido una especial beligerancia y activismo. La manifestación convocada para este domingo por Sociedad Civil Catalana (SCC) en defensa del sentido común para Cataluña también supone un misil lanzado a la línea de flotación del independentismo.

El papel de la vicepresidenta

La aplicación del artículo 155 supone el mantenimiento de la autonomía, pero la asunción del Gobierno central de los máximos poderes hasta la toma de posesión del Govern que surja de las urnas del 21 de diciembre.

Mariano Rajoy ha asumido esas atribuciones, pero de forma automática ha delegado a todos los efectos en la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Será la encargada de coordinar a los altos cargos ministeriales que serán los responsables de supervisar el día a día de las consejerías catalanas, que seguirán funcionando con normalidad durante este periodo.