El Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT), más conocido como el CNI catalán, ya estaba bajo sospecha en marzo de 2016. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió que se investigase tras leer los informes de la Guardia Civil, en los que se recogía que la entidad catalana pretendía interceptar correos, censurar páginas web y espiar a empresarios y ciudadanos.
Según Europa Press, la Fiscalía señaló en un informe que el CESICAT funcionaba “en la práctica como un CNI catalán que llevaba a cabo actividades irregulares”. Principalmente desde su creación, ya que el principal objetivo era ejecutar “actividades de censura” como las citadas, además de interceptar aplicaciones de control en teléfonos móviles utilizando el programa Cerberus o el acceso a bases de datos ajenas.
Sin regulación ni control
El mismo escrito sostiene que la creación y desarrollo de bases de datos personales “no sujetas a regulación ni al control de la Agencia Catalana de Protección de Datos, el encargo de informes sobre empresarios y altos cargos de la Generalitat e incluso la creación de datos de ciudadanos para diversos fines, por ejemplo, la realización de la consulta alternativa del 9N”, son otras de las funciones que la Generalitat atribuyó al CESICAT.
Fue Javier Zaragoza, exfiscal jefe de la Audiencia Nacional, quien firmó el decreto que recogía los indicios del CNI catalán a partir del cual se abrieron las primeras diligencias de investigación sobre los preparativos del 1 de octubre. Según él, este organismo fue creado como un órgano clave en el “proceso unilateral de independencia” que se ha llevado a cabo este viernes en el Parlamento de Cataluña y ha provocado la cesión del ya expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y el exvicepresidente, Oriol Junqueras, además de todos los miembros del Govern.
Una Agencia de Seguridad Nacional
La Guardia Civil reunió pruebas de que el CESICAT nació en 2009 para controlar la seguridad de las telecomunicaciones catalanas, pese a que sus funciones reales se concentraron en 2012, cuando se convirtió en “una especie de Agencia de Seguridad Nacional”, entendida como una de las estructuras básicas para el funcionamiento de Cataluña como Estado independiente.
De ahí que la Generalitat empezase a destinar personal, material y partidas económicas para que en 2016 pasara a formar parte de la Consejería de Presidencia y asumiera funciones que legalmente no le estaban asignadas al pertenecer al Estado español.