La Generalitat esconde una partida de 10 millones para los proyectos del tercer sector

Nuevo tira y afloja entre la Generalitat y el Ministerio de Hacienda por una partida de 10 millones de euros destinada a subvencionar proyectos de más de 500 entidades del tejido social catalán.

El cruce de argumentos empezó el pasado lunes, cuando la consellera de Asuntos Sociales, Dolors Bassa, advirtió de que la intervención del Estado sobre las finanzas de la Generalitat había bloqueado el presupuesto destinado a los proyectos que recoge la convocatoria ordinaria de subvenciones y proyectos para entidades de 2017. La titular del área en el Govern recibió el apoyo del vicepresidente y titular de Economía, Oriol Junqueras, y acusó de "ataque directo" a las entidades cívicas catalanas.

Hacienda contesta

La reacción desde Madrid no tardó en hacerse esperar. Hacienda alegó en un comunicado que la Generalitat “no ha hecho ninguna petición” sobre pagos a subvenciones para proyectos sociales o del tercer sector en Cataluña.

“El Estado no ha recibido en ningún caso petición ni certificación por parte del Govern para el pago de subvenciones sociales”, recogía el texto, por lo que no ha podido proceder al pago de los citados 10 millones de euros.

El Gobierno insiste en que la partida se abonará “una vez se cumplan los requisitos por la intervención general de la Generalitat establecidos en el acuerdo de no disponibilidad”. Un acuerdo que fue adoptado el 15 de septiembre y que contempla que por “motivos de extraordinaria y urgente necesidad de la intervención de la Generalitat, se puede acometer este pago”.

La Generalitat, en el punto de mira

Todas las miradas apuntan ahora a un bloqueo por parte de la Generalitat. La resolución del Govern fue notificada el martes, 24 de octubre, a las asociaciones. El texto, firmado por el secretario de Asuntos Sociales y Familia Francesc Iglesias explica que “ante la no disponibilidad de crédito existe imposibilidad de materializar la adjudicación definitiva de las subvenciones que se habían otorgado anteriormente para los proyectos de 2017”. Argumentan que han recurrido la intervención al Tribunal Supremo "de momento sin éxito".

La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, ha convocado una reunión de la junta de la mesa para acordar que medidas pueden emprender.

Preocupación en las entidades

En esta línea, el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), que aglutina a una cincuentena de organizaciones del tejido social de la ciudad, ha denunciado el desamparo y el “prejuicio directo que tiene sobre la ciudadanía y las estructuras asociativas”.

Fuentes del consejo explican a Crónica Global que el bloqueo puede suponer “la desaparición de muchos proyectos que vertebran la ciudad y Cataluña”.

Pese a ello, las entidades sociales tienen la esperanza de que se desbloquee la situación y que puedan ver tan ansiado presupuesto: “Hay organizaciones que están en peligro de supervivencia porque es dinero que ya han gastado en sus programaciones y con el que de momento no van a contar hasta nuevo aviso”, indican los vecinos barceloneses.

Pago a funcionarios

El Govern, como sucedió en septiembre, ha decidido pagar las nóminas de sus funcionarios con la tesorería propia. A pesar de la tensión que vive el Ejecutivo catalán, la plantilla pública volverá percibir sus ingresos antes de lo que suele ser habitual por una cantidad total de 390 millones, según fuentes del Departamento de Economía.

La interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, ha facilitado la información sobre el pago de las nóminas en la plataforma habilitada por el Ministerio de Hacienda, que autoriza el pago de forma automática. Se evita así que ni un solo céntimo de las finanzas catalanas se destine a cuestiones relacionadas con el procés.