Uno de los puntos con mayor calado de las medidas propuestas por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución es la advertencia a los funcionarios catalanes de que, en caso de desobediencia, podrían ser sancionados o incluso perder la condición de empleado público. O ser acusados de delito.

El aviso está dirigido a un colectivo que ha sufrido recortes y presiones, tanto por parte del secesionismo como del Ejecutivo español, que con ocasión del referéndum del 1 de octubre ya avisó de las consecuencias que podría tener el incumplimiento de la ley.

Por ello, la aplicación del 155 y los llamamientos de la CUP a ejercer la desobediencia han fracturado a este sector de trabajadores públicos, donde hay apuestas por la rebelión, pero también predisposición a acatar las medidas constitucionales.

Seguridad jurídica

La división es notoria en el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, donde el sindicato Fepol, mayoritario de la policía autonómica, ha adoptado una postura de resignación, pues considera innecesaria la aplicación del 155 y pide que “se haga con proporcionalidad, de forma no invasiva y respetando el autogobierno”, precisa su portavoz, Valentín Anadón. En términos parecidos se ha expresado el Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME), cuyo portavoz, Toni Castejón, ha explicado: “No nos gusta la intervención, pero nuestra máxima preocupación es el cuerpo y la seguridad jurídica de los agentes".

En cambio, hay un sector de los mossos que no está dispuesto a acatar las órdenes de un mando impuesto por el Gobierno. La sectorial de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Mossos per la Independència —a la que pertenecen 300 agentes en un colectivo de 17.000—, asegura que se mantendrán "leales al Parlament y al Govern". En términos parecidos se expresa la sectorial de los Bomberos de la Generalitat de la ANC, Bombers per la Independència: "No reconocemos ninguna otra autoridad que nuestro presidente, nuestro Govern y nuestro Parlament".

En un comunicado, han asegurado que obedecerán solo la legalidad catalana: la aplicación del 155 supondría "el ataque más grave que ha sufrido Cataluña desde 1939" y han opinado que la respuesta del Estado reafirma que, en sus palabras, la república es la única solución para garantizar los derechos y la supervivencia del pueblo catalán.

Educación

En el sector educativo, el sindicato de maestros USTEC-STEs —muy activo en las últimas movilizaciones y en el paro de país realizado el pasado 3 de octubre— ha afirmado que "no reconocerá como interlocutores válidos a aquellas personas que no sean representantes de la legitimidad popular" y hace un llamamiento "a la resistencia contra las imposiciones de un Estado que ya no puede considerarse como democrático”.

A través de un comunicado, el sindicato afirma que el 155 es "la excusa legal para implantar una dictadura" que funciona desde la campaña del 1 de octubre y que ha "cerrado webs, detenido arbitrariamente trabajadores públicos y violado correspondencia y vulnerado derechos humanos y libertades individuales".

Medios públicos

En los medios públicos catalanes (TV3, Catalunya Ràdio y la agencia ACN), los comités de empresa rechazan cualquier tipo de intervención. En la televisión catalana se ha calificado de “indigna” la aplicación del 155 y se ha hecho un llamamiento a los trabajadores a no acatarlo.

Por el contrario, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) aplaude el 155 pues, a su juicio, recoge “el espíritu del protocolo” que preparó este sindicato en 2015, cuando se inició el proceso soberanista “para proteger a los empleados públicos ante órdenes emanadas de la Generalitat que entraran en contradicción con la Constitución y el Estatuto de Cataluña”. Aseguran que el desarrollo del artículo 155 de la Constitución "dará protección a los empleados públicos que se nieguen a acatar órdenes ilegales de la Generalitat, en el caso de que mantenga su pretensión de llevar a cabo el procés y decidan proclamar la declaración unilateral de la independencia".