Los sindicatos, contra las tentativas de boicot del ‘procés’

CCOO y UGT de Cataluña se han manifestado en contra de los boicots lanzados en el marco del proceso independentista catalán. Fuentes de ambos sindicatos critican campañas como la que han promovido ANC y Òmnium Cultural este viernes en la que pedían a los catalanes que se retirase de forma masiva efectivo de los cajeros de las cinco principales entidades del país, especialmente de Caixabank y Banco Sabadell por haber dado el pistoletazo de salida a los cambios de domicilio social. 

Los interlocutores consultados indican que la incidencia real ha sido muy limitada pero que ha generado inquietud entre las plantillas por los efectos secundarios que pueden tener. UGT de Cataluña ha emitido un comunicado en el que pide “respeto para los trabajadores y las trabajadoras de estas entidades financieras” ante las “acciones de presión social que puedan promover algunas entidades o colectivos”.

En la nota recuerdan que los profesionales “no tienen ninguna responsabilidad sobre las decisiones empresariales y políticas de sus direcciones”. Consideran “injusto” que los “clientes y ciudadanos hagan recaer sobre ellos su malestar, protestas o presiones”.

Contra los boicots a cualquier sector de actividad

CCOO de Cataluña suscribe esta crítica a todos los sectores de actividad en general y no solo al bancario. Recuerdan que los boicots tienen muchas derivadas y una de ellas pasa por la laboral, por lo que se pide responsabilidad a los promotores.

Indican que la resolución de los problemas políticos y sociales no pasan por los boicots. Tanto los que se impulsan desde el sector independentista contra productos o servicios de empresas que han decidido llevar su sede social y/o fiscal fuera de Cataluña como los que se promueven desde España contra productos catalanes.

Valoran que quienes salen perdiendo siempre en campañas de este tipo son los trabajadores.

Responsabilidad de las empresas

Los sindicatos piden responsabilidad ciudadano ante los boicots del mismo modo que pidieron a las empresas que fueran consecuentes con las decisiones de cambiar los domicilios sociales, apuntan los interlocutores consultados. Es decir, que los cambios se circunscriban exclusivamente al ámbito mercantil y fiscal y no lleven consigo un impacto laboral.