El Gobierno de Carles Puigdemont aprobó ayer la concesión de una subvención de 301.000 euros a Naciones Unidas para contribuir en los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno de Colombia. Se da la circunstancia de que la ONU es el único organismo que ha condenado abiertamente la intervención policial durante el referéndum del 1 de octubre.

A pesar de su intensa labor diplomática para encontrar cómplices de su proceso independentista, el Govern ha recibido repetidos reveses. La investigación que la ONU ha pedido a las autoridades españolas sobre la “violencia en Cataluña” ha supuesto un revulsivo para la Generalitat, que responde al gesto con una sustanciosa ayuda directa de 301.000 euros distribuidos en 150.000 euros en 2017 y 151.000 euros en 2018.

El acuerdo se enmarca en los objetivos del Plan de cooperación al desarrollo de 2017 elaborado por el Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, cuyo titular es Raül Romeva.

No es la primera vez que esta consejería se muestra generosa con sus aliados potenciales. Tal como publicó Crónica Global, el 29 de noviembre de 2016, la Generalitat y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) firmaron un convenio según el cual el Gobierno catalán se comprometía a realizar una aportación de 100.000 euros con cargo a la partida presupuestaria del departamento que dirige Romeva.

El 'lobby' suizo

Un mes antes de que se firmara ese convenio, el entonces director general de asuntos multilaterales y europeos de la Generalitat, Manuel Manonelles, envió una carta a Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado para las Naciones Unidas, en la que denunciaba la “persecución” judicial de los cargos electos catalanes tras la declaración sobre el arranque del proceso independentista aprobado en el Parlamento catalán el 9 de noviembre de 2015.

Manonelles es, desde el pasado 4 de abril, embajador de la Generalitat en Ginebra. El Gobierno catalán pretendía crear un lobby en Suiza, país que alberga diferentes organismos internacionales dedicados a proteger los derechos humanos. Suiza ha sonado como posible mediador entre el Gobierno y el Govern tras el referéndum del 1-O. Sin embargo, el Ejecutivo suizo ha desmentido que quiera ejercer ese papel. Precisó que una “facilitación” en el conflicto catalán "solo podría darse si ambas partes la solicitasen" pero "de momento las condiciones para una facilitación no se dan".