A estas alturas del curso parlamentario ya se habría celebrado el Debate de Política General y el Govern estaría inmerso en las negociaciones sobre los presupuestos de la Generalitat de 2018. Pero hace tiempo que la normalidad abandonó el Parlamento catalán, donde el rodillo independentista permite suspender Plenos ya señalados y bloquear comisiones parlamentarias “por la situación de excepcionalidad que vive Cataluña”, señalan Junts pel Sí y la CUP.
Esta situación ha permitido al vicepresidente, Oriol Junqueras, salvarse de comparecer en la Cámara catalana para “informar sobre los efectos y consecuencias económicas de la declaración unilateral de independencia”. Así lo pidió el pasado 5 de octubre la diputada del PSC Alícia Romero. Pero, de momento, no hay fecha señalada para que el líder de ERC acuda a la Comisión de Economía y Hacienda para dar explicaciones, entre otras cuestiones, sobre el cambio de sede social de 700 empresas catalanas. Un fenómeno que arrancó el pasado 1 de octubre, día en que se celebró el referéndum de independencia, pero que Junqueras subestima. Asegura que se trata de deslocalizaciones temporales. No así los expertos económicos.
Los socialistas han vuelto a pedir la comparecencia de Junqueras, pero la actividad parlamentaria, más allá del registro de iniciativas y comparecencias mediáticas, sigue en suspenso. Esta misma semana estaba prevista la celebración de un Pleno ordinario, que ha quedado suspendido. Ejemplo de esa inacción es la petición del consejero de Interior, Joaquim Forn, de acudir al Parlament para hablar de los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Nunca más se supo.