El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, dará la cara este lunes ante la Audiencia Nacional. Declarará ante la jueza Carmen Lamela acusado de un delito de sedición, penado entre ocho y 15 años de cárcel, por la presunta “inacción” de la policía autonómica en los disturbios del 20 de septiembre, cuando la Guardia Civil entró en la Consejería de Economía, y durante el 1-O.

Lo hará junto los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, acusados del mismo delito. Está en el aire saber qué pasará con la intendente Teresa Laplana, que tuvo que declarar por videoconferencia en la primera vista ante la magistrada por su delicado estado de salud.

Sesión tensa

Se prevé una sesión de alto voltaje, tanto por el resultado de la nueva declaración como por el calendario. Trapero, Sánchez y Cuixart entrarán en la Audiencia Nacional a las nueve de la mañana, una hora antes de que venza el plazo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado a Carles Puigdemont para que conteste el requerimiento que activó el artículo 155. Es decir, que confirme si declaró o no la independencia de Cataluña en su intervención en el Parlament del día 10.

Fuentes jurídicas indican que el fiscal podría pedir medidas cautelares sustanciales para los acusados. Será Lamela la que tenga la última palabra sobre la oportunidad de su aplicación.

Informe del instituto armado

Es la segunda ocasión en que los cuatro acusados responden a las preguntas del alto tribunal tras hacerlo el 6 de octubre. La principal diferencia entre ese día y hoy es el nuevo informe del instituto armado que extiende los presuntos hechos delictivos a la jornada del referéndum ilegalizado.

Responsabiliza a Trapero de la inacción de la policía autonómica para cumplir con el mandato judicial y evitar, según sus argumentos, la celebración del 1-O y a Cuixart y Sánchez de alentar las movilizaciones ciudadanas.

Plan para conseguir la independencia

Tanto la magistrada como la Guardia Civil creen que los dos líderes de las entidades independentistas "forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar" para conseguir la independencia de Cataluña. Les sitúan en una “posición decisoria similar” a la del Gobierno de la Generalitat.

Según este relato, Trapero sería el brazo ejecutor de los secesionistas que les habría brindado incluso protección para facilitar la organización del referéndum.

Voluntad de no colaborar

El instituto armado explica que en el atestado que era "evidente" que el comportamiento de los Mossos durante la preparación y la celebración del 1-O no respondía a la voluntad individual de los agentes. Indica que se trataba de un “plan premeditado para evitar actuar y que no podía más que proceder de la cúpula policial de los Mossos”.

Es decir, por Trapero y “en conexión directa con miembros del comité estratégico” donde también se sentaría Puigdemont.

Citación de testigos

También deberán declarar ante la Audiencia Nacional este lunes varios testigos. Dos guardias civiles y a la secretaria judicial que el 20 de septiembre en Barcelona, ante la concentración que mantuvo a varios agentes encerrados en la conselleria de Economía durante casi 24 horas, tuvo que salir del edificio por un teatro anexo camuflada entre el público.