El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha reconocido las deficiencias del dispositivo de seguridad que desplegó la policía autonómica durante la operación de la Guardia Civil el pasado día 20 en la Consejería de Economía de la Generalitat, pero lo justifica: “Contrariamente a lo que ocurre siempre, esta vez no nos avisaron con antelación y el dispositivo en la vía pública se tuvo que precipitar cuando nos enteramos por la televisión”.
Así se ha expresado Trapero frente a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que le imputa un delito de sedición.
Muy preparado
Trapero, vestido de uniforme y arropado por sus lugartenientes, los comisarios Ferran López y Joan Carles Molinero, ha comparecido ante la Audiencia Nacional con un amplio dosier en el que constan todas las gestiones que realizaron los Mossos aquella mañana, incluidas las conversaciones que mantuvieron con los agentes de la Guardia Civil allí personados para proteger la comitiva judicial que procedía a hacer el registro. Trapero ha hecho expresa mención a los contactos con el jefe del dispositivo que dirigía la operativa en la sede del Departamento de Economía.
Los agentes de la Guardia Civil y un grupo de funcionarios del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona permanecieron en el interior de las dependencias de la consejería casi 24 horas ante la imposibilidad de abandonarlas por la multitud que les rodeaba. El atestado de la Benemérita atribuye a los mossos una actitud de desinterés que dificultó la solución del conflicto.
Versión contraria
Trapero ha facilitado a la juez una versión radicalmente distinta a la que ha presentado la Guardia Civil. Según el mayor, “se garantizó” en todo momento la seguridad de los agentes y el registro se prolongó no por las insuficientes medidas de seguridad desplegadas alrededor de los edificios oficiales, “sino por las necesidades y el alcance de dicha diligencia”.
El mayor ha quedado libre, sin ninguna medida cautelar aunque mantiene la condición de “investigado”, una condición que sus abogados han pedido a la juez que retire.
También han declarado hoy ante la juez los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Ambos han quedado en libertad sin medida cautelar alguna.