El referéndum forzó la suspensión del pleno municipal de septiembre y el mismo referéndum lo monopolizará el próximo viernes, 6 de octubre. El Ayuntamiento de Barcelona también ha sufrido los vaivenes de los grupos independentistas --pese a estar bajo la batuta de la ambigüedad de los comunes-- que decidieron paralizar la actividad actual del organismo barcelonés en protesta por la situación “de excepción”, sostienen, que vive Cataluña actualmente.

Las formaciones partidarias de la ruptura de España (ERC, Grupo Demócrata, el concejal no adscrito --Gerard Ardanuy--, y la CUP) habían amenazado con dar paso a un panorama semidesierto en el hemiciclo barcelonés y permitir la interacción, únicamente, de los grupos de la oposición (PP y C's), además del propio equipo de gobierno municipal (Barcelona en Comú y PSC).

De las 19 proposiciones, ruegos, preguntas y declaraciones de los diferentes grupos, 13 tienen relación con la celebración del referéndum ilegal el 1 de octubre. Únicamente seis tienen identidad propia y plantean asuntos como el impacto ambiental en la zona de cruceros (BComú); la situación del distrito de Ciutat Vella (C's); los carriles para bicicletas (PP); el derrumbe de los 144 nichos del cementerio de Montjuïc (PP y C's) y las terrazas (PP).

Ruptura del pacto de gobierno

El Grupo Demócrata de Xavier Trias acuerda felicitar a entidades y voluntarios que participaron en el 1-O; denunciar la actuación de los responsables del operativo policial; pedir la dimisión del presidente español, Mariano Rajoy; del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo; del subdelegado del Gobierno, Emilio Ablanedo, y del coronel Diego Pérez de los Cobos; pedir el recuento de los daños sufridos y que el Ayuntamiento de Barcelona facilite asistencia jurídica gratuita a los afectados por “los hechos ocurridos”.

Los convergentes pedirán a la alcaldesa que, dada la “gravedad de la vulneración de los derechos civiles y políticos” vividos en Cataluña, ponga fin a su coalición con el PSC de Jaume Collboni “teniendo en cuenta el apoyo explícito que el PSC ha estado dando al presidente del Gobierno español”.

Además, pregunta a Colau si está satisfecho el equipo de gobierno municipal tras su papel como presidenta de la Junta Local de Seguridad de Barcelona desde el inicio de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy para impedir el referéndum.

Retirada de la policía

Alfred Bosch, de ERC, plantea agradecer el comportamiento de los ciudadanos; mostrar su solidaridad con los heridos; reprobar la actitud del Gobierno español; exigir la dimisión de Rajoy, Zoido y Millo; reiterar el apoyo del ayuntamiento al Govern; instar al Gobierno central a “reconocer y respetar el mandato democrático” e instar al municipal a que trabaje para “dar respuesta a la voluntad expresada este domingo por la ciudadanía de Barcelona”.

Asimismo, también pedirá que se exija a las autoridades del Estado la “retirada inmediata” de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil trasladados a Cataluña para el operativo del 1-O y que se retiren las medallas de la Guardia Urbana a los mandos de los cuerpos citados.

Resoluciones judiciales

El grupo popular de Alberto Fernández instará a Colau a presentar un informe sobre el cumplimiento por parte del ayuntamiento de las resoluciones de los tribunales en referencia a la convocatoria del referéndum. Así como, a todas las instituciones implicadas, a promover el diálogo para preservar el Estado de derecho. A la alcaldesa le preguntará cuál ha sido su actitud de gobierno ante el 1-O y, sobre todo, a partir de ahora.

El concejal no adscrito, Gerard Ardanuy, presenta un único ruego: que el gobierno municipal dé todo su apoyo a ciudadanos y entidades y ponga a su disposición todos los medios municipales necesarios para llevar a cabo las correspondientes denuncias ante los estamentos internacionales por la vulneración “grave y reiterada” de los derechos humanos durante la jornada del domingo pasado.

Golpe de Estado

Carina Mejías (C's) solo tiene una pregunta sobre el asunto dirigida a la alcaldesa: “¿Qué valoración política tiene sobre los hechos ocurridos durante estos días?” El PSC, por su parte, en su proposición de declaración institucional, condenará los hechos; llama al diálogo y a la “suma de voluntades”.

La CUP mostrará su rechazo a “la escalada represiva del Estado español contra el pueblo catalán”; exigirá la libertad sin cargos de todas las personas detenidas; constatará que se trata de un “golpe de Estado encubierto” y reafirmará el compromiso de la ciudad con el derecho de autodeterminación del pueblo catalán.