La hulega y el paro general de este martes en Cataluña abren un capítulo complejo para los próximos conflictos laborales. La anomalía del apoyo de la Generalitat a la protesta política, poco tenía de laboral, se ha visto como una oportunidad y un riesgo a partes iguales por parte de los sindicatos mayoritarios.  

Indican que toman nota de los servicios mínimos decretados. Intentarán replicarlos en las próximas protestas que se convoquen, especialmente en los transportes públicos. Y como existirá un precedente, se podría llegar de nuevo a una situación de casi paralización de trenes, metros y autobuses.

Conflictividad laboral

Todo ello, en un momento en el que la conflictividad laboral está de nuevo en un punto álgido. A nivel estatal se ha abierto de nuevo el pacto de los salarios y está sobre la mesa una verdadera huelga general en España para reivindicar más poder adquisitivo para la clase trabajadora y la derogación de la reforma laboral.

Los examinadores de tráfico siguen en huelga y no se descarta un conflicto a medio plazo en las factorías de Alstom y Siemens por la fusión de las actividades ferroviarias de ambos grupos que se ha iniciado. Tendrá una afectación importante en Cataluña, sede de una de las principales factorías de la multinacional francesa, la de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), y también hay talleres del grupo alemán en Cornellà del Llobregat (Barcelona).

De hecho, los sectores confederales del metal de CCOO y UGT emitieron ayer un comunicado conjunto en el que exigían a las direcciones en España de ambas compañías la apertura inmediata de una negociación con los comités de empresa. Pretenden que las garantías de empleo que se han prometido en Francia y Alemania en 2023 se reproduzcan en los centros de trabajo del país.

El problema de los paros retribuidos

Otro de los problemas que los representantes de los trabajadores reconocen es la introducción de la figura de los paros retribuidos. A muchos empleados del sector privado se les permitió unirse a las protestas sin la ningún impacto a sus retribuciones, un vicio al principio básico de huelga según los sindicalistas.

Lo mismo se prometió al sector público --la Generalitat paralizó su actividad, por lo que decretó el seguimiento total-- aunque a última hora de la tarde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas indicó que sí se les deduciría. Fuentes jurídicas indican que hacer lo contrario provocaría que el funcionario que hubiera autorizado los pagos incurriría en malversación de caudales públicos. 

También preocupa la merma que la introducción de esta figura pueda provocar a su capacidad de movilización. Las deducciones no se limitan al día de trabajo, también a lo correspondiente a las vacaciones, por lo que hay inquietud de que no consigan arrastrar a muchos trabajadores a nuevas convocatorias de paros.