El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, no tiene duda de que la jornada de paros en Cataluña es una huelga. Política y, por tanto, al margen del ordenamiento jurídico español, pero una huelga. Nada de aturada de país, un eufemismo para ocultar la realidad y, de paso, cobrar este día de reivindicación.
Por tanto, como Montoro considera que es una huelga al uso, descontará este día del sueldo de los empleados públicos que trabajan en Cataluña y que han secundado la manifestación. Hará efectivo el ingreso de las nóminas de octubre que certifique la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, con la rebaja aplicada.
Cuentas intervenidas
Hacienda no permitirá ninguna oposición al respecto, ya que abonar este día podría suponer malversación. La legislación laboral está de su parte: la Administración jamás debe remunerar a un funcionario si ha hecho huelga. Cierto es que, como explicó Crónica Global, la Generalitat se escuda en que no es huelga, sino “paro de país”.
La Generalitat cuenta con 180.000 empleados públicos, en números redondos, en los diferentes departamentos. La mayoría ha secundado la huelga, convocada antes del 1-O, o los paros, anunciados como señal de protesta por las actuaciones policiales el domingo del referéndum. Cabe recordar que las cuentas del Govern están intervenidas por el Gobierno central a raíz de los preparativos del referéndum y para evitar que fuera pagado con dinero público.