El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha explicado este domingo en una rueda de prensa los cambios de última hora con efecto directo en el referéndum ilegal catalán. Tras la movilización popular para proteger los colegios electorales y garantizar el derecho a voto de los independentistas, Turull ha puesto fin a algunos problemas de logística surgidos en algunos colegios aplicando un censo universal.
La Generalitat permitirá votar en cualquier colegio que esté abierto y asegura que habrá un control para asegurar que nadie vota dos veces a través de un mecanismo electrónico. Para ello, además, Turull ha nombrado a un equipo de siete académicos que deberán supervisar si el referéndum se celebra con garantías.
Disolución de la Sindicatura Electoral
Los siete elegidos por el Govern son, en su mayoría, doctores universitarios: Enoch Albertí, Ferran Requejo, Mercè Barceló, Josep Maria Vilajosana, Joan Vintró, Ignasi Faura y Eladi Creuet serán los árbitros de un referéndum que ha perdido credibilidad tras proclamar el censo universal.
El Govern se ha visto obligado a crear el Grupo de académicos y profesionales para el seguimiento de la jornada del referéndum tras disolverse la Sindicatura Electoral debido a las multas impuestas por el Tribunal Constitucional a sus miembros.
Reacción en Moncloa
Tras el anuncio oficial del portavoz catalán, el Gobierno español ha dado por "desbaratado el referéndum ilegal" y asegura que "han liquidado cualquier vestigio de respetabilidad democrática". También ha criticado duramente que se cambien "las normas de votación a 45 minutos de que ésta comience, con el objetivo de forzar el resultado de la misma". Además, los votantes no dispondrán de sobres para depositar sus papeletas, que podrán traer impresas desde casa, algo que han tachado de "bochorno electoral".