La Generalitat se querella contra el Fiscal General del Estado y el de Cataluña

El conseller de Justicia, Carles Mundó, ha anunciado la interposición de sendas querellas contra el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y el Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, por “prevaricación y usurpación de responsabilidades”. El representante del Gobierno catalán les ha acusado de “perseguir el ejercicio de derechos civiles” en una comparecencia a la que se ha tenido que pagar por entrar este viernes a media tarde en Barcelona.

También ha amenazado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de que cese en los movimientos que hace para impedir la celebración del referéndum ilegalizado. Afirma que si no rectifica y permite las votaciones del 1-O, “será el responsable de los perjuicios”.

Tribunal Europeo de los Derechos Humanos

Querellarse contra la cúpula fiscal no es el único movimiento jurídico que ha hecho la Generalitat en las últimas horas. Ha llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el anuncio de multas a la sindicatura electoral que se disolvió y a los altos cargos del Govern. Mundó entiende que representan una “amenaza de multas a particulares que superan los dos millones de euros”.

Alega ante la misma sala que se vulneraron los “derechos fundamentales” en la detención del secretario general de la vicepresidencia y de Economía y Hacienda, Josep María Jové, que fue cesado el pasado hace una semana; y pide que se  defiendan los “derechos de los miembros de la sindicatura a tener un juicio imparcial y con garantías”.

Actuación del Síndic de Greuges

Mundó acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de abrir una “causa general contra el independentismo” en la que no ha escatimado “millones de euros ni recursos en perseguirlo”. “Lo que no puede ganar a las urnas o en la calle, lo intenta ganar en los despachos o cloacas del estado”, ha asegurado en relación a dejar en manos de los tribunales impedir la celebración del referéndum.

Ha defendido que “votar no es delito, disponer de una urna no es delito y organizar un referéndum tampoco; es incomprensible que merezca una persecución penal”.

Ante este escenario, el Gobierno catalán ha anunciado que el Síndic de Greuges “desplegará efectivos en todo el territorio para atender a las personas que crean que sus derechos han sido vulnerados” en las acciones que se han organizado en los colegios electorales de toda Cataluña para permitir las votaciones.