Millo convocó a los fiscales poco después de la aprobación del referéndum

La reunión se celebró pocos días después de que el Parlament (la madrugada del 6 al 7 de septiembre) aprobase la controvertida Ley del referéndum.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, descolgó el teléfono y llamó a la secretaria particular del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada. La situación política y el clima social se habían enrarecido de una forma irreversible y el choque de trenes estaba ya a la vuelta de la esquina.

El fiscal solícito

Romero de Tejada no dudó en aceptar la invitación del delegado. Pero lo hizo como en él es habitual cada vez que es convocado a alguna cumbre o reunión extraordinaria: de la mano de su teniente fiscal y exresponsable de delitos económicos, Francisco Bañeres.

Ambos entraron en la sede de la delegación, situada en la barcelonesa calle Mallorca, poco antes de las nueve de la mañana.

“La reunión fue breve, escasamente de unos 20 minutos”, ha explicado a este medio uno de los asistentes a la misma. “Se habló de la situación política suscitada por la aprobación de la Ley del referéndum y de los medios al alcance de jueces, fiscales y de la policía para actuar sobre esa evidente ilegalidad”, ha dicho.

Operativos policiales

Fuentes conocedoras del contenido de la reunión reconocen que en ella se habló del operativo policial en ciernes que la Guardia Civil, por orden del fiscal y del juez de instrucción número 13, iba a protagonizar sólo diez días después. El 20 de septiembre, 14 cargos públicos de la Generalitat y empresarios fueron detenidos y trasladados a los calabozos del cuartel de Sant Andreu de la Barca y al de Travesera, en Barcelona.

Reunión “inhabitual”

Fuentes de la Fiscalía reconocen que este tipo de reuniones son “infrecuentes y no forman parte de la actuación cotidiana de los fiscales” que, por otro lado, no se cansan en subrayar su independencia del poder ejecutivo.

La Fiscalía no confirma que en esta reunión recibieran consignas de actuación operativa y procesal por parte de la Delegación del Gobierno.