La Generalitat ha redactado una resolución que contempla el traspaso de la gestión de las empresas públicas al titular del departamento correspondiente, según ha podido saber Crónica Global de fuentes gubernamentales. De esta forma, el Ejecutivo catalán pretende proteger a los gestores y empleados de consorcios, empresas y fundaciones de una posible responsabilidad penal relacionada con el referéndum del 1 de octubre.
Según estas fuentes, la presión de los comités de empresa de determinados ámbitos ha propiciado esta resolución transitoria, con pocos precedentes en la historia de la Generalitat. De esta forma se evita, por ejemplo, que el gerente de una sociedad pública pueda tener problemas judiciales si firma un permiso para que un trabajador pueda ir a votar el domingo. Obviamente, esta medida afecta principalmente al personal que suele trabajar en festivos, como Mossos d’Esquadra, Bomberos de la Generalitat o profesionales de la sanidad.