Culminar la celebración del referéndum convocado este domingo con una huelga general a las 48 horas, momento en que se debería declarar la ruptura con España de forma unilateral por el resultado de las urnas. Este es el objetivo de la CUP y de algunos sectores del independentismo catalán próximos a los antisistema. La protesta está convocada, pero la posibilidad de que llegue a buen puerto es remota.

Primero, porque existen discrepancias sobre la idoneidad de los paros incluso entre los firmantes. La iniciativa parte de IAC-Intersindical (organización cuya presencia más destacada se registra en el sector de la educación con Ustec) y se ha unido a ella CNT y, por ahora, CGT de Cataluña. Pero hay voces en esta última organización que discrepan de llevar al terreno laboral la reivindicación de votar el 1-O.

El secretariado permanente del cuarto sindicato en Cataluña se reunirá esta tarde para debatir si mantienen su adhesión a la convocatoria de la huelga general o se desmarcan de ella. En algunos centros de trabajo la decisión que por ahora se mantiene ha levantado polvareda. Critican que el independentismo no se ha caracterizado hasta la fecha por la defensa de los derechos de los trabajadores y que ha pasado de puntillas por las reivindicaciones en clave, por lo que entienden que no le deben entregar su "principal herramienta de lucha sindical".

CCOO y UGT apuestan por la Plataforma Cívica

Aunque si finalmente CGT llegara a la conclusión de que debe ir a la huelga general, la convocatoria no sería ni de lejos masiva porque ni cuenta con el apoyo de los sindicatos más representativos. Es decir, CCOO y UGT de Cataluña.

Desde los secretariados generales de ambas organizaciones explican que apoyan y participan en las protestas como un movimiento social, pero por ahora se resisten a las presiones para que vayan a más. De hecho, intentan canalizar su apoyo a las protestas en la calle pero sin mojarse a favor o en contra del procés con la creación de una Plataforma Cívica con representación de una decena de entidades a favor de la democracia.

Detalles de la coordinación

Una pretensión suficientemente amplia para que quepan los partidarios del sí y del no a la secesión, según defienden. Ese fue el compromiso que Javier Pacheco y Camil Ros, secretarios generales de CCOO y UGT de Cataluña, alcanzaron con representantes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las dos entidades claves en la política catalana, el pasado viernes. Igual que USOC, la tercera organización sindical catalana. 

Los detalles sobre esta relación, que deben servir de base para “reaccionar de forma rápida” a las decisiones que tomen los tribunales o el Gobierno central se abordaron en un nuevo encuentro este lunes.

Huelga política que no sería legal

Los sindicatos y juristas consultados coinciden en que esta convocatoria tampoco tiene mucho recorrido legal. Indican que su encaje en el artículo 11 de la regulación del derecho de huelga, un real decreto ley que se publicó el 4 de marzo de 1977 y que nunca se ha alterado, es casi imposible.

En el redactado se ilegalizan las protestas de tipo político, algo que tenía sentido en el momento de su aprobación y que el Tribunal Constitucional ha adaptado desde 1985 para permitir que los trabajadores convocaran paros generales en el país contra el Gobierno de turno por sus propuestas en clave laboral. Pero en este caso, no existe ningún pretexto que permitiera justificarla más allá de la protesta en las calles por decisiones políticas y judiciales.