“Efectivamente, ellos (Mossos d'Esquadra) tienen competencias estrictas en materia de seguridad ciudadana y orden público en Cataluña. Y nosotros (Guardia Civil) tenemos, entre otras, competencias sobre crimen organizado y sobre terrorismo. Eso dice la ley. Pero, ¿a que nadie se escandaliza por el trabajo de los Mossos en materia de lucha contra las mafias? ¿A que nadie se escandaliza por el empeño antiterrorista de la policía autonómica, que tuvo en la desarticulación de la célula yihadista que atentó en Las Ramblas su punto álgido? Pues ahora que no se escandalice nadie, ni se hagan lecturas torticeras, por el hecho de que nosotros, de forma puntual y concreta, dirijamos el orden público en esta comunidad”.

De esta forma se ha expresado uno de los mandos de la Guardia Civil próximo al coronel Diego Pérez de los Cobos que ha participado en los preparativos de la reunión que se ha celebrado en la Delegación del Gobierno en Cataluña. Se trata de la primera reunión operativa, dirigida por el coronel a instancia del fiscal jefe de Cataluña y en la que han participado los tres cuerpos policiales, incluida la Policía Nacional.

Manda el juez y el fiscal

“Son dos casos análogos”, reitera este oficial del instituto armado. “Pero los dos con un común denominador: en ambos casos la autoridad judicial (o la Fiscalía), conforme a la ley, ha decidido quién es el encargado de liderar el operativo: en el ámbito terrorista, los Mossos; en la persecución de los preparativos del procés, nosotros”.

Esta dicotomía o disparidad de pareceres se ha puesto sobre la mesa operativa en la primera reunión que ha dirigido De los Cobos.

Caras largas entre los allí presentes. La Guardia Civil se siente cuestionada en su capacidad operativa, el CNP parece el invitado de piedra y los Mossos no logran desembarazarse de la sensación de humillación de la que dicen ser objeto por parte del Gobierno central.

Acatar a regañadientes

De nada ha servido (ni servirá a tenor de lo dicho por la Fiscalía) la queja del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, cuando afirmó que la Junta de Seguridad de Cataluña ya aporta herramientas suficientes (en esta caso a los Mossos) para dirigir la respuesta a situaciones de alteración del orden público como las que se han dado o se pueden dar a partir de ahora en la comunidad autónoma. La Fiscalía ha tomado nota de esa queja pero no se moverá ni un centímetro de su posición, lo que obliga a los Mossos a, como ha informado el mayor, “acatar como siempre y de forma escrupulosa” las órdenes que emanen de juez y fiscales. Mal que le pese.