El Govern ha dado por finalizados los trabajos de la Sindicatura Electoral, órgano clave encargado de supervisar el referéndum independentista ilegal del 1-O, y ha pedido a sus miembros que cedan el relevo a "otros entes de observación", según fuentes de la Generalitat.
El Tribunal Constitucional (TC) decidió multar ayer con 12.000 euros diarios al número dos de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y a los síndicos electorales del 1-O, que según la Ley del Referéndum suspendida debían desempeñar unas funciones análogas a las de una Junta Electoral. La multa empezaba a contar desde este viernes.
Justamente hoy el gobierno de Carles Puigdemont ha acordado destituir de su cargo a Jové, detenido como uno de los organizadores del 1-O, para librarlo de la multa prevista por el TC, si bien formalmente no puede hacer lo mismo con los miembros de la Sindicatura Electoral porque fueron nombrados por el Parlament.
Agredecimiento
El Govern, han señalado las fuentes consultadas, "agradece" a la Sindicatura Electoral de Cataluña la "finalización de sus trabajos de supervisión del referéndum" y pide a sus miembros que cedan el testigo a "entes públicos, académicos e internacionales" para que "sigan observando el desarrollo efectivo" del 1-O.
Asimismo, el ejecutivo catalán denuncia la "ofensiva autoritaria de los organismos político-judiciales del Estado español contra un ente electoral escogido por el Parlament e integrado por profesionales académicos de reconocido prestigio".
La Sindicatura Electoral está compuesta por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge; y además hay síndicos territoriales.