Golpe a los datos personales obtenidos “de forma ilegal” que denunció Santi Vidal

La operación de la Guardia Civil se centra en organismos de la Generalitat que están en el punto de mira desde que el exsenador de ERC y magistrado Santi Vidal asegurara que la Generalitat disponía de datos personales de los catalanes obtenidos de forma ilegal.

En el marco de la investigación que se sigue para desarticular la logística del referéndum del 1 de octubre, tanto el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) como la Agencia Tributaria de Cataluña fueron objeto de una auditoría por parte de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Posteriormente, la Fiscalía abrió una investigación que dio lugar a diligencias judiciales en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Su titular es quien ha autorizado los registros.

Las bases de datos de la Generalitat están almacenadas a centros situados en Bellaterra y Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). Tanto el vicepresidente, Oriol Junqueras, como el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, tuvieron que dar explicaciones al respecto.

Indra, registrada también por la Guardia Civil, es una de las principales empresas globales de consultoría y tecnología, con sede en el barrio del 22@. Es una de las compañías privadas más beneficiada por los contratos de la Generalitat, una relación que se remonta a la época en la que el hijo del expresidente Jordi Pujol Josep Pujol Ferrusola vendió en 1999 su consultora Europraxis a Indra. A partir de entonces, esta empresa comenzó a obtener sustanciosos contratos de la Generalitat que fueron objeto de una investigación por parte de la Sindicatura de Cuentas. Hace cinco meses, la Guardia Civil registró la sede de la empresa Indra en Madrid en el marco de la investigación de la supuesta financiación irregular del PP.