La Guardia Civil interviene en Unipost 45.000 sobres nominales para formar las mesas del 1-O

La Guardia Civil ha intervenido a lo largo de este martes en diferentes sedes de la empresa Unipost más de 45.000 certificados de notificación cerrados, dispuestos por ciudades y poblaciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña, para su remisión a ciudadanos en el proceso de montaje del referéndum ilegal del 1 de octubre.

El número de certificados de notificación incautados podría suponer el 80 por ciento de las comunicaciones necesarias para cubrir las mesas electorales de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, según ha informado el Ministerio del Interior.

En todos los sobres consta como remitente la Generalitat de Cataluña, y todos ellos están provistos de destinatario.

La incautación se ha realizado mayoritariamente en la sede de Terrassa, pero también en la de Manresa, además de inspeccionar otros locales de Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat.

Boicot independentista

Después de que la Guardia Civil detectara la presencia de documentos para el referéndum ilegal en una sede de Unipost en Terrassa por la mañana, decenas de manifestantes independentistas se fueron concentrando a las puertas para tratar de evitar la entrada de la comitiva judicial que llevaba la orden de registro.

Por la tarde, agentes de los Mossos d'Esquadra procedieron a retirar a los manifestantes atrincherados ante la empresa, lo que permitió a la comitiva judicial --procedente del Juzgado Número 3 de Terrassa-- y la Guardia Civil acceder al local.

En este sentido, y al contrario de lo que algunos dirigentes independentistas habían denunciado, el delegado del Gobierno el Cataluña, Enric Millo, ha asegurado que la Guardia Civil "no ha entrado" en la empresa hasta disponer de la correspondiente orden judicial.

El material se ha incautado tras realizar un muestreo en el que se han confirmado las sospechas de la investigación policial.

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Unipost dice no saber nada

Unipost ha afirmado en un comunicado que "en ningún caso" conoce el contenido de los escritos y documentos que gestiona para sus clientes. Unipost, que transporta, clasifica y distribuye envíos postales y de paquetería, añade que la Ley Postal vigente "define con absoluta claridad los compromisos y obligaciones de los operadores postales y cita dos artículos de la misma, el referente al secreto de las comunicaciones postales y el que alude al derecho a la propiedad de los envíos postales".

La empresa gestiona en la actualidad "parte de los envíos postales y de paquetería de la Generalitat de Cataluña, así como de otros muchos clientes públicos (nacionales, autonómicos, provinciales y locales) y privados". "En todos ellos tramitamos los envíos confiados a Unipost, tal y como establece la Ley Postal, sin el conocimiento del contenido de los escritos y documentos, y con total independencia de las afiliaciones, creencias e ideologías de los responsables de cada uno de nuestros clientes", añade el comunicado.

Por último, el grupo Unipost señala que "confía en que se restablezca lo antes posible el diálogo constructivo entre los diferentes responsables políticos, para desarrollar conjuntamente un marco de convivencia que permita el progreso y la mejora de la calidad de vida de las personas en nuestra sociedad".

Golpe a la organización del referéndum ilegal

Se trata de la primera intervención contra aspectos nucleares en la organización del referéndum ilegal, ya que hasta ahora se había requisado abundante propaganda, concretamente 1,5 millones de carteles, folletos y dípticos tanto de la Generalitat como de otras organizaciones independentistas llamando al sí a la secesión. La Guardia Civil también ha clausurado por mandato del Juzgado número 13 de Barcelona 32 páginas web que publican el referéndum.

Unipost es la empresa privada a la que confió la Generalitat de Cataluña el envío de sus notificaciones electorales una vez que la dirección de Correos se negó a enviar las cartas para constituir las mesas, cumpliendo así con el mandato del Tribunal Constitucional.

El pasado viernes concluyó el plazo para este tipo de comunicaciones habituales en los procesos electorales. Poco después de conocerse la decisión de Correos, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, aseguró que los catalanes recibirían "muy pronto" las tarjetas censales.

La Sindicatura Electoral de Cataluña (órgano que también ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional) amplió el plazo para la constitución de las mesas, permitiendo que los miembros fueran notificados "hasta el cuarto día hábil anterior" al 1 de octubre, es decir el martes 26 de septiembre.

El sorteo de los 55.000 miembros de las mesas ya se ha realizado, pero la intervención de la Guardia Civil ha impedido que lleguen las notificaciones. La normativa del referéndum no especifica que la notificación se haga por correo postal.

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Unipost, Codorníu y el 9N

En 2014, Unipost ya fue requerida por la Fiscalía Superior de Cataluña en el marco de la investigación sobre los preparativos de la consulta secesionista del 9N. A instancias de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público remitió un oficio a la empresa Unipost para que le enviara la hoja de encargo, contrato y los documentos que obraran en su poder relacionados con la distribución o el buzoneo de la propaganda.

Además de pedir el presupuesto, la factura proforma o definitiva, la Fiscalía quería saber entonces qué persona o entidad suministró a la compañía el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado.

Unipost está vinculada accionarialmente al entramado empresarial de la familia Raventós, propietaria del Grupo Codorníu, aunque han tratado de desmarcarse del procés. En julio de 2017 la filial de mensajería declaró la suspensión de pagos debido a las deudas acumuladas con la Agencia Tributaria.