La denuncia que ha dado lugar a la intervención de la Guardia Civil en Girona fue presentada por la CUP en la Fiscalía en noviembre de 2015 y en ella se atribuían los delitos de malversación de fondos públicos, facturación falsa y financiación improcedente en la gestión del agua en este municipio, cuyo alcalde era entonces Carles Puigdemont.
Ponían en el punto de mira al exconsejero delegado de AGISSA, Narcís Piferrer, a quien acusaron de ejercer un control opaco, no facilitando la información necesaria y exigida a la parte pública.
“Ha actuado de manera interesada para favorecer los intereses de la parte privada, en detrimento de los intereses públicos de gestión y prestación del servicio de agua”, afirmaba la denuncia, sintetizada en un dossier titulado “El negocio del agua en Girona” que se puede leer en este enlace.
La CUP denunció a Piferrer por un “presunto delito continuado de administración desleal”. AGISSA, definen los antisistema, es “una sociedad instrumental, encaminada a enriquecer a sus socios”. “La empresa aplica sobrecostes en la factura del agua, concretamente cobra un 2% de la recaudación de la tasa de basuras”. Advertía la CUP de que en 1988, cuando la gestión era íntegramente privada, un informe del Ayuntamiento de Girona alertó de que la concesionaria que entonces debía cobrar un 1%, se estaba adjudicando unilateralmente un 2,5%”.
Pese a ello “no se penalizó a la empresa por este hecho, sino que se duplicó de un 1% al 2% actual de la recaudación de la tasa”.
Remitían a un informe financiero de 2012, se ha sobreendeudado de forma deliberada a AGISSA a través de créditos para financiar inversiones que no se han realizado o bien, por los que se han establecido importes muy superiores a la inversión realmente realizada”. Respecto a la facturación falsa, “la CUP afirmaba que Girona SA facturó toda un serie de concepto a AGISSA por trabajos inexistentes”.