La Cámara de España apoya las medidas del Gobierno para frenar el referéndum

La Cámara de Comercio de España ha pactado este martes una declaración institucional en la que muestra su apoyo a las medidas impulsadas por el Gobierno para frenar el referéndum. En el texto pactado por la institución que representa a las 86 entidades de dinamización empresarial del país y las 35 delegaciones exteriores, se deja clara la defensa de la organización de la “Constitución y la legalidad”.

“Cataluña es una parte fundamental de España y debe seguir siéndolo”, indica el texto final. Afirma que representa una “pieza fundamental de su engranaje político, económico y social” y recuerda los “estrechos lazos históricos, culturales, sociales económicos y personales que no se pueden soslayar” y, desde el punto de vista empresarial, mercados naturales.

Diálogo político

“La prioridad debe ser la normalización política, social e institucional de Cataluña”, exige. Y esto pasa por una “actuación de los partidos” en el plano político con “altura de miras y voluntad de recomponer los cauces de diálogo”. Siempre en el marco legal vigente y con “disposición a la negociación y al pacto con generosidad”.

Las cámaras de comercio aseguran que trabajaran “junto con el Gobierno de España y las instituciones” para superar la “fractura social abierta, consolidar la recuperación económica, crear puestos de trabajo y garantizar el bienestar general”.

Cataluña, pueblo integrador

La institución presidida por el empresario catalán José Luís Bonet reivindica que Cataluña ha sido “históricamente un pueblo integrador, negociador y dialogante” y advierte de que la ruptura unilateral supondría la salida inmediata del territorio catalán de la Unión Europea, del euro y de otras organizaciones internacionales. Con los consiguientes efectos económicos sobre una actividad empresarial que representa uno de los “principales motores económicos de España”.

Insiste en que la “prosperidad de Cataluña depende de la actividad empresarial” y que esta requiere “estabilidad, certidumbre y seguridad jurídica”. Un escenario que ha dinamitado el procés al aprobar “leyes inconstitucionales como las del referéndum y transitoriedad” en el Parlament, recurridas después por el Tribunal Constitucional.

Consulta no vinculante

Si se llega a este escenario de ruptura unilateral, la Cámara de España prevé una “pérdida de competitividad de las empresas catalanas muy importantes” con efectos en la recuperación económica y en la creación de empleo. Es decir, en el “bienestar de los catalanes, que se vería seriamente comprometido”.

Por todo ello reivindica que en una “democracia tiene que prevalecer el orden constitucional y legal vigente” y eso incluye la legislación autonómica. “No se dan las condiciones legales, políticas ni sociales para considerar lo que pueda suceder el próximo 1 de octubre como una consulta vinculante sobre la independencia de Cataluña”, sentencia la declaración institucional.