El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado la orden a través de la cual el Estado sustituye a la Generalitat en los pagos de servicios públicos con el objetivo de que no se destine ninguna partida a financiar el referéndum secesionista del 1 de octubre. (ver aquí)
Además de comprometerse a no disponer de las partidas presupuestarias no destinadas a los servicios esenciales --nóminas, sanidad, educación y servicios sociales--, la Generalitat deberá acreditar los pagos pendientes de la administración catalana y certificar que no se destinan al referéndum secesionista.
48 horas de plazo
Con esta publicación, el Gobierno da por activado el plazo de 48 horas para que el Govern de Cataluña apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán. En caso de que el Govern no apruebe el acuerdo de no disponibilidad en el plazo establecido, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comunicará la decisión de control al presidente y la Intervención General catalana.
Tras esta decisión, Montoro explicará los términos del BOE esta semana en una comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados. Según explica el BOE, esta medida se prolongará, "hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general en la Comunidad Autónoma de Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma".
De esta forma, el Estado no enviará nuevas transferencias a Cataluña para pagar los servicios púbicos, sino que abonará directamente la cantidad a los proveedores una vez la Generalitat certifique los gastos que tiene pendientes.
Control presupuestario
El Ejecutivo ha enviado la medida adoptada a todas las entidades de crédito para que exijan a la Generalitat que cualquier pago que quieran efectuar esté acompañado de un certificado de la Intervención General. Además, tienen la obligación de comunicar al Ministerio Fiscal cualquier irregularidad que detecten.
El Gobierno también limita todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluso a corto plazo, ya que deberán tener autorización previa del Consejo de Ministros. Para el Gobierno este mecanismo establece "la garantía de que todo el mundo va a cobrar en plazo" ante la "incertidumbre" que está generando el proceso independentista.
Medidas tras la amenaza catalana
El Gobierno ha decidido aplicar esta medida después de que Oriol Junqueras, vicepresidente del Govern, mandara una carta el jueves al Ministerio de Hacienda en el que comunicaba que la Generalitat dejaba de enviar informes semanales sobre sus gastos y sólo haría el informe mensual.
En coincidencia con la amenaza de la administración independentista, el Tribunal Supremo rechazó este viernes la petición de la Generalitat de que suspenda cautelarmente la obligación que le impuso el Gobierno central de informarle de sus gastos.
Según la Generalitat, la decisión del Gobierno de asumir el control de los gastos de los servicios básicos en Cataluña supone que el Ejecutivo "ha aplicado el artículo 155 de la Constitución por la puerta de atrás". El secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès, advirtió este viernes de que habrá "batalla jurídica" con el Estado y también en la UE contra esta medida.