El secretario del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Cases, ha dictaminado hoy que la alcaldesa Ada Colau debe acatar la providencia del Tribunal Constitucional y no debe colaborar en el referéndum ilegal del 1-O cediendo colegios electorales porque, de lo contrario, puede tener consecuencias penales.
En un informe de 15 páginas, el secretario general del consistorio declina así que el ayuntamiento pueda acceder a las peticiones de la Generalitat de ceder locales para la celebración del referéndum independentista unilateral, suspendido por el Tribunal Constitucional.
En todo caso, fuentes municipales han explicado que el ayuntamiento y el Govern mantienen abiertas vías de diálogo para facilitar que la movilización del 1-O se pueda celebrar con normalidad en Barcelona.
Por su parte, el segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha confirmado en un tuit que "el Ayuntamiento de Barcelona no facilitará medios, ni locales para el 1-O, como indica el informe del secretario, por respeto a leyes y resoluciones judiciales". Y ha añadido que "el PSC de Barcelona no participará en ninguna movilización ni llamará a dar apoyo a un referéndum que está fuera de la ley".