El referéndum legal y con garantías que se ha prometido en Cataluña desde que entró en vigor la ley del referéndum y se convocó --y posteriormente se anuló-- pierde enteros. La falta de una infraestructura organizada para facilitar que el próximo 1-O haya urnas y papeletas en los locales que habitualmente se emplean como colegios electorales en todas las poblaciones es cada vez más evidente y muta la votación en una nueva y mera consulta ciudadana.

Así la definió la coordinadora nacional de Cataluña en Comú, el partido de Ada Colau, tras el encuentro de este sábado para decidir si participaban o no en la votación. La presión sobre la alcaldesa de Barcelona prosigue por todas las vías.

El independentismo es consciente de que sin la capital catalana de su lado es muy complejo celebrar la votación tal y como han previsto. De hecho, los escraches a los ayuntamientos que no colaboren en el 1-O convocado por la CUP se inició ayer en Barcelona. Unas 600 personas según la Guardia Urbana protestaron frente al ayuntamiento de la ciudad con lemas dirigidos directamente a su alcaldesa. “Sí se puede”, clamaron entre otras consignas los manifestantes.

Mesas electorales, urnas y papeletas

Pero por el momento, Barcelona no colabora. Se ha negado a entregar la documentación que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le había requerido sobre localización y disponibilidad de colegios electorales. El líder del JxS no puede contar con una información capital para poder gestionar las mesas electorales, como tampoco lo puede hacer en otros grandes municipios como Hospitalet del Llobregat o Terrassa, con gobiernos socialistas.

Las dudas sobre la infraestructura movilizada a tres semanas de la votación llegan a la disposición de urnas. Puigdemont anunció que las habían comprado hace semanas y nadie ha encontrado hasta ahora dónde las ha escondido. Pero el inicio de las acciones policiales en el territorio para desmontar la logística del 1-O dificulta su distribución.

Control a las imprentas

La Guardia Civil tiene controladas las imprentas. Se hizo evidente tras los registros en las localidades de Valls y Constantí ordenadas por el juzgado de guardia de Tarragona, que investiga si se han cometido delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos en alguna actuación dirigida a facilitar la organización del 1-O.

Jordi Turull, conseller de Presidencia, propuso a través de las redes sociales a los catalanes que quieran participar en el referéndum que se imprimieran ellos mismos la papeleta en casa. “Aquí todo el material es oficial”, afirmaba el político de PDeCAT, un mensaje dirigido a “todos esos que buscan desde hace horas el material oficial en papel”. Unas instrucciones que no van en la línea de la legitimación de la votación.

Pero mientras las dificultades logísticas y los hechos llevan a un escenario de repetición del 9-N de 2014, los independentistas suben el tono. Tanto en sus declaraciones, como en las protestas ciudadanas convocadas por las entidades independentistas o por los partidos partidarios del procés. Un ensayo de la Diada.