La diputada de la CUP Anna Gabriel ha incrementado este sábado la presión sobre los Mossos d’Esquadra tras la notificación del Tribunal Constitucional al Mayor del cuerpo, Josep Lluís Trapero, y a otros tres comisarios su apercibimiento ante el 1-O. “El Govern tiene la responsabilidad exclusiva sobre los Mossos”, ha advertido la cara más conocida de los antisistema en una entrevista a Europa Press.
Gabriel considera que era “previsible” la petición de la Fiscalía de movilizar también al cuerpo de seguridad catalana para defender la ilegalización del referéndum. Así como la decisión del Gobierno de recurrir las leyes de la consulta y de la desconexión y la suspensión del Constitucional.
Actuación previsible
Lo mismo con la carta que han recibido los altos cargos de la Generalitat y a los alcaldes catalanes en que se les recuerda sus obligaciones para defender la legalidad vigente. Es decir, impedir la organización del 1-O.
“Estaba clarísimo que tras la aprobación de estas leyes el Constitucional y el Estado debían dar un paso adelante y un salto cualitativo en la advertencia”, advierte en la entrevista a la agencia, “no se podían quedar sólo en el Parlament y el Govern, tienen que comenzar a capilarizar la vía represiva”.
Actuaciones de los altos cargos
Ante esta situación, la líder de la CUP reclama a los cargos electos (no hace ninguna referencia a los funcionarios) que sean “ejemplares” y “ejemplificadores”. Asegura que deben proyectar con determinación que defenderán el referéndum “contra las imposiciones del Estado”.
“Si es necesario simbolizarlo no yendo a declarar, no presentándose voluntariamente ante una citación y no asistiendo a un cuartel a ser interrogado en base a no sé qué proceso judicial” se debe hacer, exige. El mismo proceso que siguieron la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, y el concejal de Vic Joan Coma, ambos de la CUP, por causas abiertas.
Detenciones para tensionar
Gabriel considera que los altos cargos deben asumir también la detención en esta desobediencia que exige. “No es un precio que a nadie le gusta tener que pagar y no es deseable para nadie que se encuentre en esta situación pasar por una detención”, argumenta, “pero nos parece que si el Estado va en esta línea, a nosotros nos servirá para demostrar de forma muy clara que el nivel de demofobia del Estado llega si cabe a la detención de cargos electos”.
“Creo que es un elemento de tensión que puede ayudar a darle fuerza a este referéndum”, indica.
Pide que incluso en esta situación continúe con su reclamación de participar en el referéndum. Haría patente de lo que, según su punto de vista, se juega la ciudadanía: “Seguir en un país que está dispuesto a detener a cargos electos o romper con él porque queremos construir uno nuevo para esto no pase".