El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado este jueves las tres vías que se han activado para frenar el procés tras la aprobación y entrada en vigor de madrugada de la ley del referéndum. Unos acontecimientos que suponen la "violación de la Constitución y del Estado y la desobediencia de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional".
La primera, presentar dos “querellas criminales” contra los que impulsaron la medida.
Querellas colectivas
Una, contra los miembros de la Mesa del Parlament que permitieron tramitar la norma, incluso al tomar el control del Boletín Oficial de la Cámara --Carme Forcadell, presidenta de Parlament, y los otros tres miembros de la mesa de Junts pel Sí: Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet-- y contra el Gobierno de Carles Puigdemont y Oriol Junqueas en pleno. Les acusa de dictar y firmar los decretos de convocatoria y organización del 1-O cuando eran conscientes de que era una actuación ilegal.
Por otro lado, ha dado instrucciones a las fiscalías provinciales catalanas para que investiguen tres posibles delitos en la organización del referéndum. Los de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, los mismos a los que se han enfrentado los organizadores de la consulta de 2014.
La policía jurídica
Maza también ha asegurado que la policía judicial y todos los cuerpos de seguridad que actúan en Cataluña --Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra-- deberán perseguir cualquier actuación que se lleve a cabo en Cataluña que facilite la celebración del referéndum.
“Defendemos la legalidad y el Estado de Derecho”, ha recordado el fiscal general del Estado al inicio de su intervención. Por ello promete que las fiscalías actuarán con “firmeza y celeridad” y siempre en defensa de la legalidad vigente para “garantizar el marco de convivencia”.