Superada la medianoche, los independentistas dieron otro golpe de efecto. Junts pel Sí y la CUP pidieron a la Mesa del Parlament que, al igual que se ha hecho con la ley de transitoriedad, se amplíe la orden del día del Pleno para que se incluya el debate de la ley de transitoriedad jurídica. Esta norma es la arquitectura jurídica que debe permitir el paso de las leyes catalanas a la autonómica. Aunque PDeCAT era partidario de esperar a la celebración del referéndum, al final ha sucumbido al deseo de sus socios de coalición, ERC, y a la presión de la CUP, agilizando su tramitación.
La ley de transitoriedad regula las bases de una virtual república catalana. Contempla, entre otras cuestiones, la doble nacionalidad, la cooficialidad del castellano y catalán y la aministía de los condenados por el proceso independentistas. Asimismo, prevé un poder judicial catalán que, según los juristas, estaría completamente controlado por el Gobierno catalán.
Esta ley tiene 89 artículos, tres disposiciones finales, una de ellas suspensiva si no gana el sí en esta votación. Según la propuesta de los secesionistas, la soberanía nacional recaería en el pueblo de Cataluña y, mientras no se apruebe la Constitución catalana, la ley de transitoriedad ejerce como norma suprema.
Ciudadanos ya ha avanzado que pedirá la reconsideración de la admisión a trámite de esa ley.